El Gobierno que preside el socialista Sánchez dice tener un plan para Cataluña, pero no quiere decir, de momento, en qué consiste, lo que hace sospechar a muchos que o no lo tiene muy bien perfilado todavía o espera que la política de oferta de diálogo con los independentistas prospere favorablemente y haya ocasión de avanzarles algo que les interese. Que seguramente será más dinero y más competencias. Aparte de dos asuntos que están fuera de la jurisdicción del propio Gobierno como serían la liberación de los políticos encarcelados por el juez instructor del Tribunal Supremo y la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia.
Un referéndum, por otra parte, que ya sería el quinto en ese mismo sentido, según la forma de contarlos que utiliza el periodista catalán Xavier Vidal-Folch. El primero de todos se celebró el 9 de noviembre de 2014 convocado por la Generalitat bajo la eufemística rúbrica de "proceso de participación ciudadana" en el que solo votó el 29,88 de los censados pese a que se infló la lista de votantes incluyendo a menores y extranjeros. El segundo tuvo lugar el 27 de septiembre de 2015 al convocar el entonces president Artur Mas unas elecciones a las que se quiso conceder valor plebiscitario. En aquella ocasión, los supuestos partidarios de la independencia (hay que pensar que muchos ciudadanos no distinguían bien entre una cosa y la otra) no pasaron del 47,7%. El tercer intento fue el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017 (38,8% de voto favorable respecto del censo) que sirvió de pretexto para la fugaz declaración de independencia del 27 del mismo mes. El cuarto, y último referéndum (si hemos de dar la razón a VidalFolch) serían las elecciones del 21 de diciembre pasado a las que también se quiso dar valor plebiscitario a favor de la independencia pese a que el porcentaje de voto estimado favorable no pasó del 47,50%.
En fin, son formas de opinar pero lo que sí resulta obvio es que el independentismo catalán, parapetado tras un estatuto de autonomía subordinado a la Constitución española, que es la que le concede legitimidad, no tiene la fuerza suficiente para llevarle el pulso al Estado y todo lo más que puede hacer es amagar y no dar. El resto es pura provocación, trucos, y salidas esporádicas del burladero a la espera de que el toro embista y se rompa los cuernos contra la barrera.
Y en ese juego, de enseñarse y ocultarse, hay que reconocer que los independentistas le han ganado la partida a los sucesivos representantes del Estado, que actuaron, en muchos momentos, como elefante en cacharrería. Recuérdese, al respecto, la desproporcionada y caótica actuación del entonces ministro del Interior, señor Zoido, con ocasión del ilícito referéndum de 1 de octubre de 2017, y los agentes de la Policía Nacional a su mando (mal hospedados en el crucero Piolín), a la búsqueda de las famosas urnas. Y otro tanto habría que decir del imprudente uso de la euroorden contra los independentistas fugados, empezando por su cabeza visible Carles Puigdemont al que se ha dado más importancia de la que realmente tiene.
Ya lo advierte sabiamente el refranero español: "Nunca se deben matar moscas a cañonazos". El destrozo es siempre mayor.
