Dado el escaso margen de gobernabilidad que le permite su coyuntural mayoría parlamentaria, el socialista Pedro Sánchez ha optado por iniciar una política de gestos y actuaciones simbólicas. A ser posible con pocas alegrías presupuestarias.
Y una de las que ha generado más polémica es el proyecto de retirar del llamado Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco y (se supone que también) los de José Antonio Primo de Rivera, para darles el destino que ordenen sus respectivas familias. La operación, aparte de su coste, se presume más complicada de lo que parece porque la familia del dictador no parece dispuesta a colaborar y la del fundador de Falange Española, que se sepa. todavía no ha dicho nada al respecto.
Eso por un lado, pero por otro tampoco aporta demasiada claridad jurídica la voluntad, debidamente expresada, de quienes desde la más alta magistratura del Estado ordenaron la sepultura de los restos en ese lugar. La de José Antonio puede atribuirse con toda certeza a Francisco Franco que, en 1939, dispuso, primero, su traslado desde Alicante hasta El Escorial (lugar de sepultura de los Reyes españoles) y, después, en 1959, a las instalaciones del recién inaugurado mausoleo. Los dos entierros de José Antonio fueron un grandioso espectáculo de indisimulable estética fascista, con la urna funeraria llevada a hombros de falangistas que se iban sucediendo en la tarea rodeados de antorchas encendidas y disparos al aire de fusilería durante todo el trayecto, que se hizo, en los dos casos, a pie.
El lugar del enterramiento de Franco cabe atribuirlo, en cambio, al ahora Rey emérito Juan Carlos I, que acababa de suceder al dictador en la Jefatura del Estado y le organizó un traslado hasta el Valle de los Caídos a bordo de un camión militar. En vida del general no está documentado su deseo de ser inhumado allí y ni siquiera Juan de Ávalos, el autor de las enormes esculturas del monumento, recuerda haberle oído hablar del asunto en las entrevistas que tuvieron mientras duró la obra.
Fallecido Ávalos en 2006 y fallecidos una mayoria de testigos que pudieran aportar alguna información valiosa, solo cabría citar a declarar en el expediente al Rey emérito para que explique las razones que le llevaron a adoptar esa medida. Aquellos eran tiempos de incertidumbre y aunque Juan Carlos había heredado el poder omnímodo de quien le había dado la Corona, era prudente hacer concesiones (ahora diríamos que política de gestos) hacia los sectores que habían apoyado la pervivencia de la dictadura.
Consideraciones legales y políticas al margen, otro asunto a considerar es el destino del colosal monumento que se erigió en la sierra madrileña con la supuesta intención de hermanar 'manu militari' a los caídos de ambos bandos en la guerra civil. Y entonces habrá que identificar los restos de los allí enterrados a la fuerza, oír el parecer de su familias, estudiar los informes de los expertos sobre el patrimonio artístico a respetar (fundamentalmente la obra de Juan de Ávalos), negociar con la jerarquía eclesiástica la presencia, o ausencia, de la comunidad de monjes benedictinos que allí habita, y, en fin una serie de tareas y,de trámites que se antojan imposibles de cumplimentar en los dos años que quedan de legislatura,si es que antes no se convocan nuevas elecciones.
