Así pues, ahora que el Tribunal Constitucional parece haber levantado el veto que el Gobierno del señor Rajoy estableció a la transferencia a Galicia de la AP-9, habrá que esperar a que se ejecute la sentencia y, de paso, ver cómo repercute sobre la cuestión que de verdad interesa al público, que es la de los peajes. Y, entretanto, convendría analizar un dato: que esa Autopista, la del Atlántico, fue en los últimos cuatro años la que más quejas ha registrado por parte de sus usuarios. Y en varios aspectos, desde la seguridad hasta el mantenimiento, por citar un par de ellos.
Y no es solo eso malo. Resulta peor que, probablemente, la mayoría de los diputados/as se han enterado del asunto por los periódicos -y más en concreto por FARO DE VIGO- que publicó el informe. Con otro elemento añadido: que a buen seguro parte al menos de que esa mayoría se integra en los que con más fuerza y decisión han reclamado la transferencia, que para varios vino a ser además algo así como la pieza clave de la Autonomía, por exagerado que parezca: lo que, de confirmarse, daría una idea clara de hasta dónde llegaba su auténtico interés.
En este punto procede subrayar la esperanza de que la noticia de la sentencia del TC, que ayer mismo recogía este periódico, no entre en una especie de vía muerta. O por mejor decir, que a su aplicación le suceda algo parecido a otro fallo del alto Tribunal, el referido a los límites de la obligación de pago del impuesto de plusvalías. Que, como casi todo el mundo sabe, los ayuntamientos dudan en aplicar "a falta de clarificación" del fallo judicial.Un sistema ideal para que sus regidores hagan lo que más les beneficia, que en su caso es retrasar cuanto más tiempo mejor los pagos a contribuyentes.
Así las cosas, y sin ánimo de amargar la fiesta a quienes identificaban, o poco menos, el autobierno gallego con la transferencia de su principal vía de comunicación terrestre -el AVE atlántico está sin concluir y el otro entrará en servicio ad calendas graecas-, procedería alguna reflexión. Una sobre todo: antes de insistir en lo que el Parlamento de Galicia reclamó por unanimidad, no estorbaría dominar al detalle las consecuencias a la luz de las cifras. No sea por ejemplo que para resolver las quejas, acaben poniendo aún más dinero los usuarios.
Es posible que alguien rechace por "miope" esta observación, aduciendo que lo esencial de la posible trasferencia reside en su significado político antes que en el aspecto contable. Y quizá fuese argumento estimable de no encontrarse la sociedad en general, y no por su culpa, inmersa en una fórmula en la que todo empieza y termina en los aspectos económicos de la vida cotidiana. De modo que lo que realmente se tiene en cuenta es el adagio latino del primum, vivere, deinde philosophare, aunque ese ejercicio intelectual no se rebajase oficialmente a costumbre antigua y casi inútil. Pero algo tiene de realista, sobre todo si se recuerda que, por hacer mal las cuentas, este antiguo Reino ha pasado, no hace demasiado, por momentos amargos. Y quien dice "Reino" se refiere sobre todo a sus habitantes.
¿No?
