A la vista de lo que hay, y del fiasco -porque, aunque la mona se vista de seda, fue un fiasco- del encuentro Feijóo-De la Serna, está ya más que comprobada la exactitud de aquella advertencia según la cual con "amigos" así no hacen falta enemigos. Y en el caso de la Xunta, tal afirmación no solo es correcta, sino leve: en los últimos tiempos, el Gobierno central y otras entidades de evidente conexión con el poder han propinado al Ejecutivo gallego collejas, bofetadas y hasta alguna patada en el trasero.
La última -aparte la de ayer-, al menos desde el punto de vista de quien lo escribe, le corresponde al Tribunal de Cuentas del Reino de España, que en su análisis acerca de las empresas y fundaciones bajo responsabilidad de la Xunta no deja títere con cabeza. Y esta vez no hubo árnica ni referencias a la interpretación "errónea" de los datos: la propia "Xesgalicia", que congrega parte del tinglado, admite déficit multimillonario. Y lo cierto es que, con esos informes, hay que pedir investigar qué pasa. Pero, aquí, ca.
La aparente animosidad, conste, no se debería a cualquier cosa relacionada con la ideología, sino más bien al contrario: a causa de la gestión pura y dura. Porque Cuentas reprocha a la Xunta que sus empresas y fundaciones son en realidad una carga para las cuentas públicas porque no captan fondos apenas, y Xesgalicia lo confirma, y sus costes han de sufragarse con fondos de la hucha común. Y como no todas atienden servicios sociales, que de algún modo lo justificaría, el "palo" suena todavía peor.
Ciertos observadores, que no se proclaman amigos de la Xunta, pero que no por ello han de ser enemigos, defendieron hace tiempo que las empresas del Ejecutivo gallego y sus fundaciones eran en realidad chiringuitos supervivientes de la "poda" realizada en la primera legislatura del señor Feijóo y que sirven para colocar gentes afines, pero sin sitio en el reparto postelectoral. Puede ser una observación acertada o no, pero el Tribunal de Cuentas del Reino y su informe parecen darle buena parte de razón.
La cuestión ahora consiste en saber qué dirá, aunque eso se suponga, y especialmente qué hará el Gobierno que preside el señor Feijóo a la vista de lo que denuncian ese Tribunal y aquella Agencia. La salida no debe ser fácil, porque si lo que manifiestan lo fuese, sería como para echarse a llorar que no la encontrasen. Pero si no se puede arreglar, caben dos opciones: cerrar o privatizar, para ver si así salen las cuentas. Incluso a costa de la bronca que podría armarse. Al tiempo.
¿Eh...?
