A estas alturas, nadie con la cabeza sobre los hombros duda de que está muy bien eso que dicen las Administraciones de que ya consiguen pagar a sus proveedores -quizá sería más exacto hablar de "algunos"- en un plazo de treinta días. Es poco probable que pueda ampliarse a la mayoría, y menos a la totalidad, pero probablemente resulte cierto que se han reducido los plazos de forma notable, y eso supone un gran alivio sobre todo para las pymes y autónomos.
Dicho eso, convendría imitar a Pero Grullo, que, a pesar de ser consciente de que muchas de sus cosas eran obviedades, las decía por si acaso. Y en ese sentido, aprovechar el hecho de que la Administración cumple, más o menos, con sus plazos en aspectos tan importantes como los señalados para insistir en otros donde reina el retraso. Y como da la casualidad de que, además, ese retraso afecta a cuestiones vitales para mucha gente, exigir puntualidad es básico.
Por ejemplo en el terreno de la dependencia, en el que Galicia tiene lugar destacado para su desgracia. No hace demasiado, casi horas, este periódico publicaba una información que pone los pelos de punta: un 25% de los dependientes/as gallegos cobra sus ayudas con enorme retraso, y a veces ni las cobra. Y conste que no toda la responsabilidad es de la Xunta, pero parece llegado el momento de poner la cuestión sobre el tapete.
Y no se trata en absoluto de disculpar al gobierno gallego, que tiene la culpa que tiene, sino de recordar que la Ley de Dependencia, alumbrada por el gobierno de Zapatero, respaldada por unanimidad en el Parlamento y calificada como "la cuarta pata del Estado de Bienestar", nació sin dotación de recursos materiales para su aplicación que habrían de poner sobre la mesa el propio Estado, las Autonomías e incluso los beneficiarios. Y, como otras veces en España -y en Galicia-, al final nada de nada.
Pues parece llegado el momento de que todas las partes pongan manos a la obra de cumplir sus compromisos. De forma singular las Administraciones, que en teoría habrán de resultar especialmente beneficiadas por verse liberadas en parte del coste de la atención de pacientes con enfermedades propias de la edad y cuyo cuidado recayó sobre las familias, como ahora, pero con la singularidad de que se les prometió que tendrían ayuda económica, social y técnica. Pero para eso hace falta dinero, y aunque digan que no hay bastante, es falso: eliminando prebendas inexplicables, no solo llegaría, sino que harían un país más justo. Y por supuesto más fiable al cumplir los compromisos asumidos por el Estado y rubricados por los partidos.
¿O no...?
