Más de 134 millones en ingresos por pagos de conductores, lo que supone un 5% más que el año anterior y el mejor resultado en cuatro años; y un beneficio de 45 millones. Esas son las cifras de Audasa en 2015. Negro sobre blanco. Sin réplica posible.
A la vista de tan pingüe recaudación y del beneficio millonario que le deja la AP-9, la indolencia de Audasa resulta todavía más escandalosa. Desde que en 1981 se puso en marcha el tramo entre Vigo y Pontevedra la concesionaria no ha movido ni un dedo para atajar la contaminación acústica que la AP-9 genera a miles de familias de Vigo. Y eso a pesar de que -al menos desde hace ya algunos años- sabe perfectamente que hay hogares expuestos a niveles de ruido intolerables, muy por encima de lo que los médicos consideran el tope saludable para una vivienda.
En 35 años Audasa no ha invertido ni un euro por mejorar la calidad de vida de los vecinos que viven a escasos metros de la autopista. Ni pantallas acústicas, ni asfalto especial, ni medidas adicionales para reducir el insalubre zumbido... Nada. Solo ahora, como respuesta a las movilizaciones de los afectados de Chapela y aprovechando las obras de ampliación, parece comprometerse a pequeñas mejoras.
Más de 30 años después esos remiendos ya no son suficientes. Llegan tarde. Lo que la ciudad necesita ahora es una reforma en profundidad del acceso de la AP-9 que lo convierta en lo que debe ser: una entrada digna a la principal ciudad de Galicia, no un lóbrego y ruidoso pasillo.
