Doce años de advertencias por parte de la Unión Europea sobre el estado de contaminación que padece la ría de Pontevedra y los responsables políticos nada han hecho por solucionar este grave problema. En cambio, se les ha llenado la boca hablando de la importancia del sector marisquero del que viven un millar de familias de los municipios de la ría. Y no les faltaría razón si fueran capaces de atender a sus obligaciones y no saliera Bruselas a ponerles la cara colorada ante tanta desidia que vienen mostrando en un tema tan relevante.
La sentencia que esta semana hizo pública el Tribunal de Justicia Europeo concluye que se incumple la normativa de aguas residuales o lo que es lo mismo, que la ría es una cloaca apestosa a la que miles de ciudadanos vierten sus aguas residuales directamente. Europa nos lleva avisando desde 2003 y ahí seguimos en debates estériles, sin que las distintas administraciones asuman sus responsabilidades. Nos advierte Bruselas de los riesgos que tiene la contaminación de la ría para la salud de los ciudadanos, y ni caso. También las tres cofradías de la ría alertan de que en el último año se han declarado zona C, con un cierre estacional al marisqueo, de todos los polígonos comprendidos en los arenales de Samieira y parte de Raxó, como también ocurre con el mayor polígono bateeiro de Poio, que se suman a Lourizán, y ni se inmutan. Hay una amenaza evidente de que más pronto que tarde nos caiga una multa millonaria, y ahí siguen sin hacer nada.
Hablan una y otra vez los políticos de la importancia del marisqueo para la economía de Pontevedra, Poio, Marín y Vilaboa, pero sus argumentos pierden sentido cuando los acompañan de la necesidad del cierre de la fábrica de Ence o del levantamiento de los rellenos del puerto, los dos motores económicos de esta comarca. Se lo dejaron claro los mismos mariscadores, que hartos de tanto desatino, han tenido que salir en las mismas narices del gobierno local a denunciar que políticos y grupos ecologistas deberían prestar más atención a los vertidos de aguas residuales procedentes de las ciudades y menos a Ence porque entienden que son estos vertidos urbanos los que están acabando con el marisqueo. Como también se quejan de ser utilizados por los partidos políticos en sus fines partidistas, como es el caso de la pastera.
La escasa capacidad de la depuradora de Lourizán para recoger las aguas residuales de Pontevedra, Marín y parte de Poio, y la necesidad de construir una depuradora entre Poio y Sanxenxo (años llevan peleándose entre sí ambos concellos con una Xunta cruzada de brazos), amén de otras mejoras en Bueu, Marín y Sanxenxo son demandas de urgente ejecución para cumplir con la normativa comunitaria de la calidad de las aguas y salvar los arenales marisqueros. Como también Ence se debe exigir mejorar todavía más sus parámetros ambientales.
En octubre del pasado año la Xunta licitó por 1,5 millones de euros el Plan de Saneamiento de la Ría de Pontevedra. Una minucia en inversión y una iniciativa de todo punto insuficiente ante el grave problema de contaminación existente.
La lentitud en la gestión de mejoras en infraestructuras para la ría contrasta con la rapidez con los que 64 exdiputados, entre los que están los gallegos Telmo Martín (PP), Olaia Fernández (BNG), Laura Seara (PSOE) y Paz Lago (PP) han solicitado la prestación de casi 2.800 euros por no encontrar trabajo tras acabar la pasada legislatura. Casualmente, el empresario pontevedrés Telmo Martín era el diputado más rico del Congreso al declarar un patrimonio de 21 millones de euros en participaciones e inmuebles. Tras las críticas recibidas ha dado marcha atrás y ayer anunciaba que renuncia a cobrar este subsidio. Sin duda, le honra esta decisión, pero el daño ya lo ha hecho, tanto a su partido como a él mismo.
