Así que, dicho con el mayor respeto para quien, como la nueva Valedora do Pobo, sin duda se lo ha ganado, no serán pocos los que discutan su afirmación de que la figura, o para ser más exactos la Institución, es "imprescindible". Sobre todo porque de aceptarse talcomo, habría que aplicarlo también a todos los demás Defensores, desde el de los ciudadanos al de los pacientes pasando por el de los consumidores, y así hasta no se sabe cuántos más.
Serían una legión casi imposible de coordinar y peor aún de mantener. A medio plazo habría que seleccionar la prescindibilidad y podría ser peor como remedio que la enfermedad a curar. Aparte de que, a diferencia de lo que dicen sobre la manguera de los bomberos, acabarían pisándose el terreno. Y aunque es verdad que eso no sucede ahora mismo de forma estridente, se debe seguramente a que la proporción de uso es demasiado baja,
Lo que se deja dicho no nace de la incredulidad, pero sí del escepticismo acerca de la utilidad real en la práctica de esa Institución. La teórica, como cada cual es muy libre de configurarla, tiene más acomodo pero un muy complejo análisis, y al final cualquier hipótesis que se pretendiese defender llevaría a conclusiones parecidas: resumidas en una sola: que si hay algunas instituciones imprescindibles, ésta -el Valedor- no es una de ellas.
La idea es, por supuesto, opinable y tiene argumentos en contra. Habría que ir, por ello, a lo medible que, en síntesis, es el número de casos que se tramitan en concreto ante el Valedor -para no enredarse en la red de Defensores que coexiste a menor nivel- y así concluir que el Estado de Derecho seguiría siéndolo sin ellos, apoyándose en los tres poderes de Montesquieu, que no los contempla.
No se trata de motivar la tesis de la prescindibilidad en conceptos de ahorro de dinero público, sino de reforzar la idea de que las instituciones no funcionan mejor multiplicándose, sino que suele ser al revés. Y los ciudadanos están suficientemente defendidos con la de la Justicia: si esta falla, habrá que mejorarla con recursos humanos y/o materiales e incluso con reformas legales, no inventando cauces paralelos sin capacidad coercitiva propia.
No parece, esa carencia, una cuestión banal porque limita la practicidad de la institución del Valedor -o Valedora- a la buena fe de sus solicitantes y a la voluntad de los solicitados a los que se dirigen las quejas presentadas. Hay matices, por supuesto, pero no lo bastante serios como para hacer imprescindible lo que ni siquiera resulta necesario; cosa distinta es que aparezca en el Estatuto, pero esa es otra historia distinta, y pertenece a la Política.
¿Eh...?