Comandos de inspectores de Hacienda caen este verano sobre Galicia para asegurarse de que las comisiones de fiestas no distraigan un solo duro de sus obligaciones con el fisco. El ministro Montoro, que guarda un inquietante parecido con el señor Burns de Los Simpson, está dispuesto a ejercer el impopular papel de aguafiestas si con ello consigue rebañar para sus arcas algún dinero extraviado en medio del baile.
Trabajo no ha de faltarles a los agentes de Montoro en este país de Gargantúa y Pantagruel donde se convocan más de cuatro mil fiestas gastronómicas al año y un número probablemente superior de verbenas. Como el que avisa no es traidor, Hacienda ha enviado miles de cartas a las comisiones organizadoras de estos saraos para recordarles que el IVA es sagrado y que la ley no permite pagar en efectivo cantidades por encima de los 2.500 euros.
Aun siendo justas y necesarias, estas exigencias del Fisco chocan directamente con los hábitos de contabilidad un tanto rudimentarios de algunas comisiones. Cumple tener en cuenta que sus integrantes forman parte de ellas por mero amor al arte -o a la verbena- y no siempre están duchos en los intríngulis de la legislación fiscal. Lo suyo es organizar colectas entre los vecinos y obtener el "cash" suficiente para el pago a la orquesta, a la banda de música y a los fogueteiros.
Inesperadamente convertidos en empresarios y obligados a llevar libros de registro, no es de extrañar que el número de voluntarios dispuestos a formar de una comisión festera en Galicia cayese drásticamente este año. Y de ahí a poner en serio riesgo el futuro de las fiestas no hay más que un paso.
No es la primera vez que esto sucede. Hace cosa de una década fue otra institución con vocación tributaria como la SGAE la que amenazó con desangrar a los organizadores de festejos mediante la exigencia de un 7 por ciento de sus módicas recaudaciones. La Sociedad de Autores llegó a poner pleito a una comisión parroquial de Vigo, en reclamación de los 2.000 euros a los que ascendía su parte por la música interpretada en una sola romería. Felizmente, los escándalos que afligieron después a la SGAE harían que esta variante bis de Hacienda aflojase el dogal.
Lo de Montoro ya es, en cambio, un asunto mucho más serio en la medida que el Estado goza escasa fama de clemente. Cuando el Fisco hace presa en alguien, es bien sabido que no la soltará hasta sacarle los untos (salvo que el apresado tenga cuenta en Suiza y pueda acogerse a una amnistía fiscal, naturalmente).
Sobra enumerar las consecuencias que una inspección general como la puesta en marcha este verano tendría en un lugar de la larga y ancha tradición verbenera de Galicia. Las tropecientas mil verbenas de este país y, por tanto, las orquestas que las atienden, correrían serio riesgo de extinción si el Gobierno insistiese en profesionalizar la labor amateur de las comisiones de fiestas.
Nadie ignora que Galicia es, junto a Valencia, la mayor factoría de orquestas y bandas de música de España. Este que un día fue reino de la fiesta-jolgorio perdería así uno de los rasgos de identidad (musical, en este caso) que lo singularizan.
Rajoy, que a fin de cuentas es gallego y a menudo ejerce, bien podría darle un toque a Montoro para que busque una fórmula transaccional de diálogo con los festeros. Aunque España no esté para fiestas.
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