Expediente X de carácter muy reservado. Esa naturaleza tuvo desde el principio hasta el final la instrucción del caso de los mendigos por parte del teniente de alcalde José Hermida Vidal, en su condición de delegado de la Policía Municipal.
A pesar de la insistencia mostrada por De la Ballina, se negó Filgueira en redondo una y otra vez a debatir el asunto en un pleno de la corporación, con la argumentación de que afectaba a la "honorabilidad" de un funcionario.
También impidió al denunciante una narración de su viva voz ante los restantes concejales sobre los hechos conocidos. Únicamente admitió el alcalde la posibilidad de convocar una sesión privada a puerta cerrada que finalmente nunca llegó a realizarse.
Desde mayo de aquel año 1966 la tramitación del expediente se retrasó varios meses, con una solicitud de prórroga por medio. Luego comenzó a contar un período electoral para renovar la mitad de la corporación, situación que frenó la instrucción por imperativo legal, según argumentó Hermida ante De la Ballina para justificar el retraso acumulado. Asimismo defendió su derecho a tomarse su tiempo antes de proponer una resolución en un asunto tan delicado.
El concejal díscolo ejerció su derecho al pataleo, porque dijo que era la primera vez que "no puede informarse a la corporación de un delito o una falta cometida por un funcionario" y hasta amenazó con su divulgación a los cuatro vientos. Pero un manto de silencio envolvió el caso.
