Dos exdirectivos de una entidad bancaria quebrada serán indemnizados con 1,2 millones de euros después de que esta no justificase sus despidos ante el juez. El descuido es tan flagrante que huele a chamusquina.
Cualquier persona con dos dedos de frente se preguntará cómo es posible despedir a alguien sin explicar con claridad qué es lo que ha hecho para que lo pongan de patitas en la calle. En once folios, extensión más que considerable para exponer unos hechos, los abogados de Catalunya Banc fueron incapaces de referirse con cierta concreción a las causas del despido. En el enunciado figuran "deslealtad" y "dejación de funciones", pero no basta con esgrimir los motivos, hay que demostrarlos además con exactitud. Eso es precisamente lo que en la carta de despido no ha hecho la entidad catalana, que según el magistrado, desistió también de que se practicaran pruebas suficientes.
De modo que los dos directivos despedidos "injustificadamente" se embolsarán 600.000 euros cada uno como premio por su dedicación, gracias a la desidia o la complicidad de un banco al que el Gobierno ha inyectado más de 12.000 millones de los contribuyentes. La compensación más alta a que tienen derecho por ley, gracias cuando menos a las limitaciones salariales impuestas a las entidades financieras intervenidas por el FROB. Esto último habría hasta que celebrarlo, ya que de no ser así, Todó y Masana, los dos ejecutivos bancarios, tendrían que haber cobrado todavía más en virtud de sus abultados sueldos y las condiciones pactadas en sus contratos.
Este enojoso asunto con costas a los españoles que con su dinero sufragan los despropósitos bancarios es de los que hacen añicos eso que el ministro deAsuntos Exteriores y otros miembros del Gabinete llaman con tanta vehemencia y suficiente cursilería la "Marca España". Hay que tener en cuenta que los despidos fueron validados por su "ejemplaridad" por el propio Gobierno.
