30 de septiembre de 2012
30.09.2012
40 Años
EDITORIAL

El "caso Pokémon" y el descrédito de la clase política

Faro de Vigo

30.09.2012 | 02:00

El "caso Pokémon" ha irrumpido como un obús en la sociedad gallega. Y lo he hecho, además, en medio de una campaña electoral que amenaza con eclipsar completamente. Una veintena de empresarios, funcionarios y políticos de los tres principales partidos, aunque de distinta relevancia y en distinto número, han sido hasta ahora involucrados de una u otra manera en la supuesta trama de corrupción en torno a contratas municipales investigada por la titular del jugado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara.

Tras más de nueves meses de escuchas telefónicas -hay grabadas unas 6.000 horas- y otras pesquisas, la juez cree haber encontrado pruebas de cohecho, malversación, prevaricación, blanqueo de dinero y tráfico de influencias. Al parecer Pilar de Lara investiga delitos en tres niveles. Desde la anulación caprichosa de multas y el envío de regalos, apartado en el que se incluyen Rolex -se habla de la entrega de ocho, por ejemplo, en el Concello de Ourense-, cajas de vino o de puros, hasta "mordidas" concretas del 10% del montante de la concesión del servicio público correspondiente, pasando por el pago de asignaciones mensuales fijas de miles de euros a alguno de los conseguidores.

Se trata, así pues, de delitos de muy diversa índole que admiten también penas muy diversas, por más que todos sean igual de repudiables. Las detenciones e interrogatorios estarían encaminados a amarrar judicialmente, valga la expresión, las evidencias o pruebas conseguidas hasta ahora. Especialmente lo relacionado con la curiosa auditoría interna de la caja B con que funcionaba la organización, dado que la misma no sirve per sé para dar por cierto cuanto allí figura registrado. Aunque el secreto del sumario impide conocer su verdadero alcance, de las diligencias efectuadas hasta ahora no se desprende, en cualquier caso, que estemos ante un asunto menor.

El origen de la operación está al parecer en flecos de otro caso, el conocido como "caso Carioca", que comenzó a instruir la misma juez hace ahora dos años. Las pesquisas se centran en torno a contratos del grupo empresarial Vendex con las corporaciones de Lugo, Santiago, Boqueixón y, sobre todo, al menos hasta ahora, Ourense.

De momento se ha llevado por delante al bipartito ourensán, la tercera ciudad de Galicia, pese a la resistencia inicial de su alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, a asumir responsabilidades. Imputado por presunta prevaricación y cohecho, Rodríguez -que ha proclamado reiteradamente su inocencia, al igual que otro imputados-- fue suspendido de militancia por desoír la exigencia de su partido de que dejase el cargo, para acabar finalmente por presentar su dimisión tras retirarle el apoyo sus socios del Bloque, uno de cuyos concejales, Fernando Varela, se vio asimismo obligado a dimitir después de ser igualmente encausado.

También ha sido imputado por prevaricación y cohecho el alcalde de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, quien, si bien dimitió con más celeridad, también presionado por su partido, no abandonará la corporación y seguirá ejerciendo como concejal. Gacio, al igual que Rodríguez, está en libertad con cargos tras pagar una fianza de 10.000 euros, 4.000 euros más que su homólogo ourensano. Entre los políticos imputados figura además el concejal socialista de Cospeito Manuel Ángel Pico.

Para quienes la juez no decretó libertad bajo fianza sino el ingreso inmediato en prisión ha sido para el exconcejal socialista de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfico Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, que en su declaración llegó a implicar a más de 20 empresarios en el pago de comisiones; para el presidente de Vendex, Gervasio Rodríguez Acosta, acusado de cohecho y tráfico de influencias, y para Javier Reguera, gerente de la ORA en Lugo y socio de Liñares. Están también imputados el jefe de la Policía Local de Ourense, Abelardo Ulloa, y el excoodinador de la Policía Local de Lugo, Daniel Corral, junto con un funcionario del Concello de Santiago, delegados de Vendex y media docena de empresarios.

El escándalo estalla, además de en medio de la campaña electoral, en el que sin duda es el momento más bajo de valoración social de la clase política desde la restauración democrática hace ya tres décadas largas. Los políticos son percibidos por los españoles como el tercer problema más grave del país, solo por detrás del paro y la crisis económica. Y así lo reflejan las encuestas mes tras mes. Más de un sesenta por ciento de los españoles cuestionan a los responsables públicos por entender que ni ellos ni las instituciones que representan están sabiendo estar a la altura de las circunstancias.

Toda generalización lleva implícita una injusticia, claro está. Existen casos recientes y próximos, aquí mismo en Galicia, de imputados cuyas causas han sido luego sobreseídas. Es evidente que en tales ocasiones se infringe un daño a quienes se han visto sometidos a tales acciones judiciales. Como lo es también que los medios de comunicación contribuimos en ocasiones, consciente o inconscientemente, que de todo hay, a amplificar tal daño. Pero la desafección que muestra en la actualidad la sociedad española hacia su clase política no es consecuencia de ninguno de esos dos factores, entre otras razones porque ambos son minoritarios y aislados, por injustos y arbitrarios que resulten.

La razón de su desprestigio hay que buscarla en la inaudita proliferación año tras año de escándalos de corrupción, hasta el punto de que delitos como la prevaricación, el soborno o el cohecho se hayan convertido en el pan nuestro de cada día. Y en que afectan, además, a unas siglas políticas u otras indistintamente, con la única diferencia de que el tamaño de la tropelía suele ser directamente proporcional a la dimensión de la representación institucional que tenga en ese momento éste o aquél partido y a su tiempo que permanencia en los andamiajes del poder.

Suele decirse que los políticos no dejan de ser un reflejo de la sociedad a la que representan, y en ese sentido es toda la sociedad la que tiene que combatir estas prácticas execrables. Pero la responsabilidad última es de los partidos, convertidos por sus dirigentes y sus aparatos en cotos cerrados donde el supuesto afán de servicio público se ve relegado muchas veces al interés propio.

La estructura clientelar y politizada de unas Administraciones hiperatrofiadas han convertido la política y sus aledaños en un "modus vivendi" que alterna cargos oficiales con enchufes y canonjías en organismos de todo tipo y empresas dependientes de los boletines oficiales para prosperar, como acertadamente acaba de denunciar César Molinas en un estudio sobre la clase política española. Una clase que ha devenido en una "élite extractiva", por utilizar sus términos, que se ha asegurado un sistema de "captura de rentas", es decir, un sistema que en su opinión no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros y por cuyas alcantarilla circula a menudo la financiación de los partidos. La realidad, desgraciadamente, viene habitualmente a darle la razón.

Para los anales de la corrupción quedará la perla con que obsequió a la juez De Lara el responsable de la empresa que centra las investigación del "caso Pokémon", cuando ésta le preguntó por las prebendas que repartidas entre políticos y cargos públicos. Con pasmosa naturalidad le respondió así, según ha trascendido: "Señoría, pero cómo cree que se consiguen las adjudicaciones".

El servidor público, como la mujer del César, no solo tiene que ser honesto, sino que también tiene que parecerlo. La presunción de inocencia de los implicados debe respetarse escrupulosamente, faltaría más, exactamente igual que la de independencia que se presupone a las instancias judiciales. A éstas debe exigírselas rigor, prudencia y determinación para llegar hasta el final, caiga quien caiga; a los partidos, un compromiso ético con la sociedad que se manifieste en actuaciones contundentes, sin miramientos ni dimisiones a medias. Eso, o seguir ahondando en el pozo del descrédito en el que ahora se encuentran y con el que tanto daño están haciendo a la salud democrática del país. Porque no todos son iguales, es cierto, pero ya va siendo hora de que lo demuestren de manera fehaciente.

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