Pues la verdad es que, al menos a juzgar por los signos externos, no le falta razón al señor conselleiro Guerra cuando, sobre "Vulcano", se queja de que el Gobierno central, a la hora de seleccionar sus atenciones, descuida en demasía los intereses estratégicos de Galicia. Y en lo que se refiere a los de la construcción naval habría quizá que ser más rotundo y emplear el término "abandono" antes que cualquier otro.
El caso de la factoría viguesa es significativo. Y no solo porque desde Madrid se nieguen unos avales casi ridículos en términos financieros, sino porque el PSOE frenó en Cortes -con la voto de los socialistas gallegos- una opción del lado nacionalista del Bipartito para reforzar la viabilidad de esos astilleros. Alguien dijo entonces que se apostaba por Andalucía, y no solo hay quien aún lo sospecha, sino quien lo tiene claro.
El hecho, cierto, de que esta actitud no sorprenda -al fin y al cabo es otra muestra de la política chapucera que también en lo industrial aplica el gobierno del señor Zapatero- no ha de significar en modo alguno que deba ser asumida y menos aún que se dé por imposible de cambiar. En ese sentido suena bien tanto lo que dijo el presidente de la Xunta de que "el partido no está perdido" como lo de don Javier Guerra reiterando su compromiso de mantener los avales a la empresa.
Expuesto lo anterior, es necesario también insistir en un dato: lo que está sucediendo no solo era previsible, sino que fue advertido de forma reiterada por el sector hace bastantes meses. Un aviso desatendido pese a era inevitable que la crisis general afectase a los astilleros en algún momento, y evidente que no existía una estrategia de defensa eficaz para lograr contratos a medio y largo plazo.
La cuestión es cómo impedir el desaguisado. El sentido común señala que cualquier cosa que se haga ha de contar con un respaldo general, pero los tiempos preelectorales que corren no invitan precisamente al optimismo. Destaca, en ese sentido, la actitud del señor alcalde de Vigo quien parece decidido a eximir de culpa a la Administración central -quizá porque espera de ella ventajas cara a mayo- y endosarla toda a la autonómica. Y eso es un error, además de una injusticia.
En esa línea no estorbaría quizá otro aviso: la llamada a la movilización, formulada por la CIG a los demás sindicatos, es inoportuna. Una de las claves para la solución pasa por futuros contratos, y dependen de la paz laboral, porque da confianza a quienes los firman: guste o no. Así que a ver.
¿Eh...?
