Así que, rematados por la consellería de la señora Táboas sus deberes legislativos básicos -la aprobación de la Lei de Vivenda completa un marco esencial-, y a la espera de que los reglamentos le permitan poner manos a la obra, parece momento para algunas reflexiones. La primera y principal sobre la oportunidad del trabajo, que llega cuando más se se necesita: el mejor modo de afrontar la crisis -y ya ni se diga la recesión, si llega-, es precisamente disponer de unas normas claras que despejen las dudas y aporten máxima seguridad jurídica.
Y no se trata de que doña Teresa invente la pólvora: hace mucho tiempo ya que se sabe que el dinero no tiene patria ni olor, y que acude y es bien recibido allí donde recoge y produce beneficios. Pero para que eso sea así necesita garantías y las mejores las proporciona siempre, en un sistema democrático, un conjunto de leyes sólidas pero a la vez dinámicas y por tanto adecuadas a las circunstancias sociales y económicas. Por aquello que dicen los expertos de que la norma es para la gente y no al revés.
Y en ese sentido también tiene hechos los deberes la Xunta; aparte las opiniones que merezcan determinadas disposiciones y de la semejanza que puedan tener con otros sistemas, una buena parte del sector al que va destinada la Lei de Vivenda la ha acogido con más interés que escepticismo y sobre todo con la esperanza de un diálogo más fluido a la hora de elaborar los reglamentos. Existe, al menos al decir de algunos de sus representantes, "buen rollo" entre el sector y la consellería, y ésa es casi una condición previa.
Hay flecos en la ley, por supuesto, y además algunos elementos demagógicos y otros que son ingenuos. La creación de un registro de solvencia inmobiliaria es de los primeros, puesto que se refiere sólo a una parte de ese mundo y al todo del sector, lo que deja huecos por doquier.
Y la introducción de referencias a la ética profesional es ejemplo de cierta ingenuidad legislativa, porque equivale a ponerle puertas al campo y encima sin fijar los límites ni especificar quiénes deberían ser los que orienten su conducta por disposiciones tan abstractas, por no decir etéreas.
Entre los flecos, por cierto, ocupa lugar destacado alguna referencia más concreta a políticas financieras, porque es un hecho cierto que la crisis actual tiene mucho que ver co ellas y bastante con la situación actual de esas entidades. Y hay mucho de razonable en la petición a la Xunta de que haga algo en este terreno ya que la actitud bancaria, a nivel estatal, no contempla -y debiera- la circunstancia gallega, que es menos aguda. Y no se trata de pedir que se hagan estas cosas a la carta, pero sí que se atiendan matices.
¿No...?
