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Idades lleva a los tribunales al Concello ante su negativa a pagar los gastos derivados del COVID

La junta de gobierno de Cangas había rechazado la reclamación en vía administrativa | Los asesores jurídicos contestaron a la demanda, donde se recuerda la ampliación del contrato, que pasó de 11,64 a 13,85 euros la hora

Imangen promocional de Idades | // GONZALO NÚÑEZ

Finalizada la vía administrativa de reclamación, la empresa Idades S.L., que prestó el Servicio de Axuda No Fogar en Cangas hasta que se sacó a concurso un nuevo contrato, acude al contencioso administrativo para obligar al Concello de Cangas a que satisfaga la presunta deuda que tiene con ella por los gastos a mayores generados en la pandemia de COVID-19. La empresa ya presentó la demanda y los asesores jurídicos del Concello también elaboraron el escrito de contestación a la misma.

La alcaldesa cuando era concejala de Servicios Sociales en la pandemia

La empresa reclama 21.262 euros, principalmente por la dotación de equipos de protección individual (EPIs) que no estaban previstos cuando se firmo el contrato y que las autoridades sanitarias obligaban a disponer. El pasado año, la junta de gobierno local desestimó la reclamación por su falta de fundamento jurídico, pues consideraba que se sustentaba en unos cálculos no aplicables al contrato de servicio y a la inexistencia de los requisitos legalmente establecidos a juicio de los responsables municipales.

Los asesores jurídicos del Concello recuerdan que el precio por hora del contrato inicial era d 11,64 euros, pero que el contrato fue ampliado mediante decreto y notificado el 28 de agosto de 2020 y posteriormente ratificado por el pleno con un precio de 13,85 euros la hora, siendo dicho acuerdo firme en vía administrativa y no recorrido por la empresa, “lo que resulta contradictorio con los costes y cantidades recogidas en el informe pericial en el que se fundamenta la reclamación. Siendo todos los trabajos realizados por la empresa Idades debidamente abonados”.

Idades S.L. sostiene que el objetivo de su demanda es que el Concello les compense por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entres los que se consideran los posibles gastos adicionales salariales, que efectivamente hubieran abonado respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato durante el periodo de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. El requisito para recibir dicha compensación es solicitarlo y acreditar que tales gastos a mayores se han producido, según señalan los demandantes. Entre los efectos de la pandemia que Idades ha tenido que soportar figuran “bajas de personal del todo imprevisibles en el devenir normal del contrato, trabajadores que tuvieron que se sustituidos para dar continuidad a un servicio que se considera esencial y requerimiento de medios excepcionales de seguridad y prevención para evitar su propagación y contagio”, enumeran. Y recalcan que esa misma razón, “de no haberse efectuado la sustitución de personal y facilitado los medio de protección excepcionales y adecuados a los empleados afectos a la prestación del servicio objeto del contrato que nos ocupa... su ejecución hubiese devenido imposible.

El escrito de reclamación al Concello de Cangas iba acompañado de un informe que pretende acreditar “la realidad efectiva e importe de los gastos directos, adicionales a los salariales y de seguridad social, incurridos por Idades S.L. por los conceptos de protección laboral e incapacidad temporal, en la cuantía resultante de la diferencia entre el coste ordinario incurrido y el incremento experimentado por efectos distorsionador de la pandemia”. Todo ello se acompaña, además, de los gatos realizaos en productos y equipamientos de protección laboral desde la declaración del Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020.

“No se cumplen los requisitos para recibir la contraprestación”

La reclamación de Idades fue rechazada por la junta de gobierno en marzo del pasado año. Los concejales que la componen alegaron que no se cumplen los requisitos establecidos para recibir esa contraprestación. Una decsión que el gobierno justicia a la vista de los informes de los servicios sociales que constan en el expediente y de la normativa al efecto, teniendo en cunta la falta de fundamento jurídico de la reclamación, toda vez que se sustenta en cálculos no aplicables al contrato de servicios y la inexistencia de los requisitos establecidos en el Real Decreto de medias urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

La alcaldesa que ejercía de edil de Servicios Sociais

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, que cuando llegó al Concello ocupaba el cargo de concejala de Servicios Sociales, se encarga ayer de examinar con detalle la contestación de la demanda que le habían presentado los servicios jurídicos. En los momentos más duros de la pandemia, la hoy regidora local trabajó de forma muy estrecha con la empresa Idades, defendiendo públicamente su gestión, a pesar de que en ese momento estaba siendo muy cuestionada, incluso por algunos trabajadores, que se quejaban de falta de equipos.

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