El Concello de Moaña y los otros nueve ayuntamientos de España a los que Costas del Estado excluía del dominio público marítimo-terrestre a través de la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, siguen esperando desde entonces a que el Gobierno central desarrolle dicha medida mediante una orden ministerial, para acabar con el riesgo que presenta la afectación a sus núcleos poblacionales asentados. Por ello, los gobiernos locales de todas estas localidades mantuvieron una reunión telemática y acordaron presentar a sus respectivos plenos de la corporación una moción conjunta. En el caso moañés se debatirá en la sesión de este jueves 25 de noviembre y la moción está firmada por los dos grupos políticos que integran el bipartito: BNG y PSOE.
La propuesta de acuerdo llama a instar a la Administración General del Estado a impulsar los procedimientos de desafectación del dominio público de los terrenos indicados en el anexo de 2013, que supone una modificación de la actual Ley de Costas vigente y que data de 1988. Se reclama que las modificaciones legislativas necesarias para la efectiva exclusión de los núcleos de población se desarrollen en los términos indicados por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2015. Y es que aquel fallo desmontaba un recurso del grupo parlamentario socialista y consideraba conforme a la Constitución la exclusión de estos núcleos.
Moaña lograba con aquella sentencia salvar el primer gran escollo para convertir en realidad el “indulto” que el Gobierno planteó en 2013 a los propietarios de las viviendas ubicadas en el borde litoral de la Avenida Concepción Arenal, entre ellas el emblemático Edificio Salitre. El anexo que todavía no se aplicó también sacaba del dominio público a los colegios de Reibón y Seara.
La propia moción reclama también una reunión urgente, presencial y con la participación de todos los municipios afectados, con los responsables del Ministerio de Hacienda, de Transición Ecológica y de Presidencia del Gobierno, con el objetivo de buscar fórmulas conjuntas que desatasquen la “grave situación de la que somos objeto”.
El acuerdo se trasladará a los ministerios implicados en este cambio normativo, así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso, a las subdelegaciones del Gobierno y a los correspondientes servicios provinciales de Costas.
Junto a Moaña, esperan por este indulto núcleos de población de Alicante y Santa Pola (Alicante), Chilches (Castellón), Castelló d’Empúries y Castell-Platja d’Aro (Girona), Punta Umbría e Isla Cristina (Huelva), Málaga capital y Oliva (Valencia).
En su justificación de la moción, desde el bipartito moañés recuerdan que parte de las edificaciones y los colegios ubicados en los barrios de A Xunqueira y Seara, construidos en los años 80, son los afectados, y que el frenazo a la orden ministerial por la que los residentes en las casas esperan desde hace ocho años les impide ser los titulares plenos de las mismas.
Pese a que los afectados por Costas en Moaña esperan todavía por el prometido indulto, en 2018 ya habían comenzado a tramitar las inscripciones en el Registro de la Propiedad, al amparo de la reforma legislativa. Aunque desde la Plataforma de Afectados temían que el registro no fuese todavía efectivo después de 30 años siendo solo “concesionarios” de sus viviendas.
Con esta unión de todos los ayuntamientos con núcleos afectados por el bloqueo en el desarrollo de la nueva norma, se espera que el indulto pase a ser una realidad después de una lucha tan larga.
