El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha denunciado los “incumplimientos reiterados” del gobierno local en la tramitación de los expedientes administrativos del pasado año, lo que se tradujo en un total de 82 reparos técnicos, casi el doble de los registrados en 2019, cuando se contabilizaron 46. Los datos, apuntan los populares, fueron ofrecidos en la sesión plenaria de este mes, y esos reparos se produjeron en expedientes relacionados con gastos de personal, en procedimientos de concesión y pago de subvenciones, procedimientos de adjudicación de contratos administrativos y firmas de convenios, así como en expedientes de aprobación de facturas y reconocimiento de obligaciones.
El incremento en 36 reparos producido de 2019 a 2020 tiene como una de sus causas la fiscalización de las nóminas mensuales, así como “el incumplimiento de la normativa relativa a la percepción de gratificaciones y horas extraordinarias”, dando aviso de que, señala el principal grupo de la oposición, “se están vulnerando los límites legales para su realización”, motivo por el cual el interventor propone su reducción.
Gastos de personal, subvenciones y facturas, entre los expedientes sobre los que alerta Intervención
La portavoz del PP buenense, Elena Estévez, apunta que asimismo los reparos se enmarcan dentro de procedimientos de selección y contratación de personal, un total de 20 por los 8 registrados en 2019. “No quedan debidamente justificados los motivos de la urgencia de las contrataciones laborales temporales”, señala la popular, que apunta asimismo la advertencia del interventor de las consecuencias de utilizar estos contratos para cubrir necesidades de carácter permanente y estructural, “tal y como reiteradamente vienen estableciendo los pronunciamientos judiciales que los declaran contratos en fraude de ley”, con varias sentencias en los últimos años contra el Concello de Bueu.
El PP también señala como otro de los motivos de los reparos la aprobación de facturas a determinadas empresas que cuentan con un contrato debidamente adjudicado pero a la que se le han facturado servicios o suministros a mayores de lo recogido en el documento. Alerta también el interventor de “casos puntuales de personas físicas que desempeñan servicios dentro de las dependencias municipales y sin contrato que ampare la prestación de los mismos”. Serían casos de necesidades permanentes o de carácter estructural “que podrían generar graves perjuicios para el Concello en caso de demanda laboral”.
Ante la situación el interventor propone que la Alcaldía elabore en un plazo máximo de tres meses un plan de acción con las medidas correctoras que se adoptarán. Asimismo, pide acudir a la adjudicación de un contrato de servicios para auditar los resultados de 2020.
