El fiscal que lleva el caso de la “Operación Vida” contra los Morones, cuyo cabeza visible es Sinaí Giménez, considera que no procede recordar a los imputados en la causa las medidas cautelares que pesan sobre ellos, sobre todo la que hace mención a que no pueden estar a un kilómetro de los mercadillos de Moaña, Redondela, Sabarís, Pontevedra, O Porriño, Tui, Ponteareas, Barro, Cangas y Vigo. La petición la realizó el abogado de los testigos protegidos, Alfredo Iglesias, ante las sospechas de que estaban incumpliendo esas medidas por parte de los investigados, Sinaí Giménez, Juan Paulo Giménez, Marino Giménez y Saúl Giménez. De hecho, hace ya meses que los Morones reclaman su presencia en el mercadillo de Cangas, del que fueron expulsados tras la reyerta con los gitanos zamoranos en 2016.
El fiscal también recuerda que se envió por providencia a los citados Concellos para que tuviesen conocimiento con el propósito de cumplir las medidas acordadas. También dice que con respecto a la obligación de comparecer “apud acta” por parte de los investigados, dicha información es ya facilitada por parte de los juzgados o por parte de la Guardia Civil. También señala que “no ha lugar a la devolución del vehículo y demás efectos interesados” que pedían los investigados en este proceso, del que sigue sin verse un fin próximo.
En la contestación realizada por el fiscal se recuerda que el presente procedimiento se inició con la interposición de una querella del Ministerio Fiscal en el que se investigan la comisión de hechos que revisten indiciariamente caracteres de delito de coacciones, extorsión, amenazas, organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Seguridad Social, falsedad documental y delito contra la salud pública.
Se sigue sin conocer los datos que se habían requerido a Hacienda sobre las empresas en las que aparecían los investigados.
Por otra parte, la Sociedad Gitana Española, que defiende los intereses de los Morones, ha trasladado para el 24 de mayo la manifestación que estaba prevista ayer, ante la Audiencia en Pontevedra, en el día internacional del Pueblo Gitano, al entender que se vulnera el estado de derecho e igualdad de trato al no permitirles, según ésta, ni la jueza de Porriño ni el juez de Cangas, la aportación de pruebas o testigos para esclarecer los hechos que se investigan en la causa abierta contra ellos.
