El Concello de Bueu es uno de los once señalados en Galicia por el Tribunal de Cuentas por un uso excesivo de la figura del reconocimiento extrajudicial de deuda para abonar facturas o hacer frente a gasto que no estaba inicialmente presupuestado. Desde el gobierno local asumen que se trata de una situación “estructural en vías de resolución” y la vinculan a una queja reiterada desde hace tiempo. “Está relacionada con el gasto que tenemos que asumir en servicios que no son de competencia municipal, como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF)”, afirman el alcalde, Félix Juncal, y el vicealcalde y edil de Facenda, Julio Villanueva. Es más, desde los servicios económicos municipales están trabajando en un nuevo expediente para reconocer deuda por una cuantía de 183.000 euros. Ya no dará tiempo a incluirlo en el pleno de enero ni en el de febrero, por lo que probablemente se incluya en el de marzo.
Desde la Alcaldía admiten que la mención en el informe del Tribunal de Cuentas por el uso recurrente de un instrumento que debería ser excepcional “no nos agrada”. Pero al mismo tiempo subrayan que lo “fundamental es prestar los servicios a la ciudadanía y amortiguar los efectos de dos crisis consecutivas”, la económica y ahora la de la pandemia del COVID-19. Juncal apunta a los planes de ajuste que obligó a aprobar el Gobierno central en 2012, que impidieron aumentar la capacidad de gasto de los concellos si no venía acompañada de subidas impositivas. “Llevamos desde 2005 sin aumentar los impuestos, ni siquiera con la actualización del IPC, y renunciamos a mantener el incremento del IBI, que pasó del 0,60 al 0,45 y que nos habría supuesto 400.000 euros más de recaudación”, afirman Félix Juncal y Julio Villanueva. Pese a ello el consistorio fue capaz de aumentar su recaudación, conseguir remanentes positivos de tesorería e incluso amortizó anticipadamente el crédito del plan de pagos a proveedores.
Esta situación, según el ejecutivo local, obligó a posponer el reconocimiento de facturas y servicios para no superar el tope de gasto autorizado. “Era imposible reducir el nivel de gasto sin afectar a la prestación de servicios básicos y sin repercutirlo a través de una subida de impuestos”, aseguran.
El alcalde reconoce que la capacidad para licitar o contratar determinados servicios y suministros también estuvo sujeta a dificultades. El año pasado se optó por licitar el contrato de energía eléctrica a través del acuerdo marco de la central de compras de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ayer mismo la Xunta de Local de Goberno adjudicó a través de este mismo sistema un lote para servicios mediación de riesgos y seguros, un contrato de algo más de 15.300 euros y que fue adjudicado a la empresa Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros.
Un nuevo expediente con facturas variadas y de la Mancomunidade do Morrazo
El departamento de Intervención trabaja en un nuevo expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda, con un importe de 183.000 euros. La mayoría del importe se refiere al canon de Sogama, que Bueu abona a través de la Mancomunidade do Morrazo. Se trata de una cuantía de aproximadamente 116.000 euros, que se corresponden con las mensualidades de julio, agosto y septiembre. Aún quedan las de los tres últimos meses del ejercicio 2020, por lo que probablemente en el futuro habrá que acudir nuevamente a otro expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda. Los 67.000 euros restantes se relacionan con facturas de suministros y servicios, como la anterior empresa de suministro energético. Aunque Bueu cambió hace meses de compañía eléctrica a través del acuerdo marco de la FEMP había una serie de obligaciones pendientes que el concello recurrió y que la eléctrica tuvo que rehacer. El volumen de facturas que se reconocieron el año pasado a través de este instrumento extrajudicial fue de algo más de 600.000 euros, ligeramente inferior a la del ejercicio precedente. Desde el gobierno local esperan que este año se vuelva a reducir esa cifra y estiman que después del reconocimiento que se llevará en el mes de marzo quedará otro de unos 105.000 euros.
