La tormenta Filomena obligó también a suspender las declaraciones previstas para esta semana en el Juzgado Número 1 de Cangas, que instruye el caso por presunto delito de estafa y falsedad documental además de revelación de secretos y alzamientos de bienes cometido por el propietario del concesionario de vehículos Motorcangas, José G., donde aparecen hasta 89 afectados. Seria una tercera ronda de declaraciones ante la jueza. Las primeras tuvieron lugar en marzo de 2019. La tormenta de nieve que azotó con fuerza el norte y la zona centro de España impidió que abogados que tenían que estar presentes en la toma de declaraciones no pudieran desplazarse hasta Cangas, desde diversos puntos de España.
Las declaraciones se trasladan de esta manera a los días 24,25 y 26 de febrero para los perjudicados y la del 1 de marzo, a las 12 .00 horas, para los investigados, José G., Paz, Pablo R. V. María del Sagrario P. H., Olga G. P. y David G. P.
En la primera ronda de declaraciones que se produjeron en marzo de 2018, las preguntas de los letrados de la acusación estaban encaminadas a saber con quién o quiénes habían negociado sus clientes la compra de sus vehículos, de quién o quiénes eran las firmas que figuraban en los contratos firmados con la financiera y qué perjuicios económicos supuso para los afectados la situación en la que cayeron. El algunos casos se señala que no hubo perjuicios económicos, pero de la misma manera se reclama la indemnización por daños y perjuicios. A través de las declaraciones también se desprende que fue la propia Guardia Civil la que puso sobre aviso a algunos afectados.
El presunto fraude alcanza algo más de los 640.000 euros mediante una doble financiación de vehículos que matriculaba y supuestamente vendía. Hay que recordar que, en su momento, el Juzgado Número 1 de Cangas acordó el requerimiento a las entidades financieras de los clientes afectados para que suspendieran la emisión de recibos con respecto a los mismos y se abstuvieran de realizar actuaciones ejecutivas ante los impagos como su inclusión en registros de deudores. Además se requiere a las entidades financieras que se abstengan de iniciar procedimientos ejecutivos frente a otros ochos compradores, por lo que quedaban protegidos de estos requerimientos bancarios un total de 42 clientes.
