El gobierno bipartito de Cangas quiere dejar claro que su rechazo a adherirse al convenio de la Xunta y la Fegamp para tramitar a medias las multas por no llevar mascarilla o incumplir la distancia de seguridad se basa en documentos sobre las obligaciones de cada administración en esta materia, y que es la autonómica, y no el Concello, quien debe encargarse de ello. En consecuencia, la propuesta llevada al Pleno del pasado viernes fue de no adhesión al convenio, y aprobada con los votos de los ediles de ACE y PSOE y la abstención del resto.
La concejala Victoria Portas basa su postura, entre otras, en la Lei de Saúde Pública de Galicia, que establece cuáles son los órganos competentes para tramitar las denuncias e imponer sanciones por no llevar puesta la mascarilla en el término municipal y otras infracciones sobre el control del COVID-19. Es la Consellería de Sanidade, siempre que la multa no supere los 120.202 euros, aunque también establece la posibilidad, “que no obligatoriedad”, de tramitación e imposición de sanciones por parte de los Concellos, “siempre que tengan ordenanza reguladora” y competencia para ello, condiciones que Cangas no cumple, abunda la edil, y añade que el informe de la Abogacía del Estado también apunta a la Administración Autonómica como responsable en esta materia.
Por contra, Portas considera que el informe del Consello Consultivo está “realizado ad hoc” para contradecir el de la Abogacía del Estado y atribuir al Concello las competencias en cualquier sanción que se tramite en el término municipal. La realidad confirma que no es así, afirman desde el gobierno cangués, y ponen como ejemplo la tramitación se sanciones por saltarse el cierre perimetral o sobre animales potencialmente peligrosos.
En opinión de Victoria Portas, la adhesión al convenio no solo intenta que los Concellos reconozcan que este tipo de sanciones son competencia propia, sino que además indica que la Xunta llevaría a cabo la “tramitación administrativa” a cambio de una cuantía que en ningún momento aparece reflejada en el convenio, “por lo que podemos acabar como con otros convenios que los Concellos firman y luego pagan sin saber muy bien por qué”. Además, la concejala advierte que el hecho de adherirse al convenio entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias “no cubre el problema de la tramitación total de las sanciones”, pues no se hace mención a la vía ejecutiva, lo que dejaría a cuenta del Concello los gastos por estos trámites, recalca, y apuesta por “otras posibles soluciones” menos gravosas para el consistorio.
