El próximo mes se cumplen veinte años del primer contrato que el Concello de Cangas firmó con una empresa para redactar lo que tenía que ser el primer Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cangas (PXOM). Después de todos estos años todo sigue igual. Pasaron tres empresas y el Plan Xeral sigue en pañales y lo que es peor, con aritmética en el arco plenario de la corporación que se antoja muy complicada para sacar adelante el documento que debería regir el destino urbanístico de Cangas. En estos 20 años, el Concello de Cangas gastó (con las ayudas oficiales de la Xunta de Galicia) más de un millón de euros en frustrado empeño de sacar adelante el PXOM, sin contar los pagos por informes y las múltiples revisiones que se hicieron. 

Ahora mismo solo hay un documento en fase de borrador que fue atacado desde todos los lados antes de que saliese a exposición pública. Los partidos políticos, de uno y otro bando, están utilizando el Plan Xeral como arma arrojadiza. La posibilidad de consenso está muy lejana en estos momentos y tampoco existe voluntad política de encontrar acuerdos. El gobierno cuando fue oposición y la oposición cuando fue gobierno siempre trataron de sacar rédito político de un documento que se sabe desde el principio que no va a contentar a todos los vecinos.

El 20 de noviembre del año 2020, el Concello de Cangas contrató con la empresa Arteplán el primer PXOM. Lo hizo por un importe de 390.000 euros. Acababa de llegar al gobierno municipal el popular José Enrique Sotelo y el Plan Xeral era uno de los proyectos estrella. Era la misma empresa que el Concello de Moaña había contratado para realizar su Plan Xeral. Pero mientras en este municipio los trabajos iban viento en popa, en Cangas, se atascaban. Arteplán quiso rescindir el contrato y renunciar a la indemnización que le correspondería. Al final, el gobierno mayoritario de José Enrique Sotelo, con Gómez Millán como concejal de Urbanismo, aprobó primero inicialmente el documento y no llegó a aprobarse de forma definitiva. Una moción del BNG logró que el documento se retrotrajera a la fase inicial. Todo esto en medio de una tensión desmedida en Cangas con un documento que incluía dos convenios urbanísticos de los que aún es rehén el Concello de Cangas: el de Massó y el de Aldán. De hecho, hasta tal punto se está condicionado a ellos que la actual empresa redactora del Plan Xeral, Monsa, los volvió a incluir, mientras se busca una fórmula legal para deshacerse de los mismos sin demasiado coste para el Concello, porque el gobierno de Sotelo ingresó por anticipado de los mismos cerca de 5 millones de euros. Las movilizaciones en la calle acaban por derribar este primer intento del PXOM. 

La segunda empresa que afronta el reto de elaborar un Plan Xeral es Consultora Galega. Fue el 28 de diciembre de 2006 cuando Sotelo hace público el nuevo contrato. Quedaban seis meses para las elecciones municipales. Consultora Galega gana el concurso al ser la única empresa que se presenta y se compromete a realizar el trabajo por 240.000 euros, algo más de 100.000 euros más barato que Arteplán. Aún se viven buenos tiempos para la expansión urbanística. Cangas crece y el sector de la construcción está fuerte. Pero Sotelo pierde las elecciones y el BNG obtiene la alcaldía con los apoyos de PSOE y ACE, con los que emprende un gobierno tripartito que no llegó al final. Mariano Abalo (ACE) como concejal de Urbanismo, tampoco fue capaz de sacar adelante el PXOM. Fue la época de la lucha por Massó, que focalizó todo el mandato de Clara Millán y que volvió a llevar a la gente a las calles y convirtió un problema local en un problema gallego. Mientras, la crisis del ladrillo empezaba a emerger con fuerza al igual que la quiebra de los concellos. ACE se marcha del gobierno cuando faltaba algo más de un año para finalizar el mandato y, por lo tanto, Mariano Abalo deja la concejalía de Urbanismo, que pasa a llevarla directamente la alcaldesa Clara Millán (BNG). Pero el jaleo de Massó lo copa todo y ya no hay una mayoría para sacar el Plan Xeral adelante.

En 2011 el PP gana las elecciones y gobierna con uno de su ex, el independiente Nardo Faro Lagoa. Sotelo pone al frente de Urbanismo a un joven concejal que se estrena en política, Rafael Soliño, que retoma con fuerza las conversaciones con Consultora Galega. La crisis de Massó había pasado. Los tribunales daban la razón a la Cofradía de Pescadores de Cangas e impedían la construcción del puerto deportivo. Se suponía que se había despejado el principal obstáculo para el PXOM. Las movilizaciones había acabado y la crisis del ladrillo estaba en lo más alto.

En los diferentes contratos hubo revisiones e informes externos que subieron más la factura

Durante ese nuevo mandato del PP en compañía de Nardo Faro Lagoa, las reuniones con Consultora Galega eran frecuentes y fluía la información a la oposición municipal. Los trabajos se apuraron y el documento se llegó a aprobar inicialmente. Consultora Galega, apurada por las crisis económica que sufría, reiteraba una y otra vez que el gobierno llevara a aprobación definitiva el PXOM, para así cobrar la última parte de los trabajos. Pero se aproximaban las elecciones municipales de 2015 y el PP no se atrevió a dar este paso. Ante la pasividad del gobierno, Consultora Galega solicitó la rescisión del contrato. Rafael Soliño se resistía y aseguraba que se trataba de una estrategia de la empresa para pedir más dinero. Fue entonces cuando se sacaron a la luz las modificaciones de contrato. La primera se realizó por 127.000 euros, la segunda tuvo lugar el 9 de diciembre de 2010 por un importe de 38.062.03 euros y el 13 de agosto de 2012 se firmó la tercera modificación, por un importe de 21.000 euros. Hay que recordar que el contrato inicial fue por 240.000 euros. En 2015, ACE vuelve a hacerse con la alcaldía de Cangas de la mano, otra vez, de Mariano Abalo. En diciembre de 2015 se rescinde el contrato con Consultora Galega y un poco más tarde saca a concurso los trabajos del Plan Xeral. Esta vez, el nuevo contrato le va a constar a las arcas municipales 336.921 euros. A pesar de que la documentación de Consultora Galega había quedado abierta para su uso. La adjudicación recayó en la empresa Monsa, que presentó un borrador al final del mandato anterior, en el que se sigue atascado. El confinamiento y la pandemia hay que decir que no ayudaron tampoco.