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Bueu devuelve al Consorcio de Benestar 120.000 euros en facturas por gastos de la guardería

No abona las liquidaciones desde mediados de 2017 -Argumenta que la Xunta quiere que los ayuntamientos asuman costes de personal, que son propios del gobierno autonómico

La guardería o escuela infantil A Galiña Azul de Bueu, en el lugar de O Valado. // Gonzalo Núñez

La guardería o escuela infantil A Galiña Azul de Bueu, en el lugar de O Valado. // Gonzalo Núñez

El Concello de Bueu se niega a abonar más de 120.000 euros al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en concepto de gastos vinculados a la guardería pública A Galiña Azul, en O Valado. El consistorio bueués argumenta que la Xunta de Galicia quiere que los ayuntamientos cofinancien una serie de gastos que son competencia exclusiva del gobierno autonómico, como los de personal, y ha presentado alegaciones a las liquidaciones provisionales giradas por el consorcio. Es una posición que también defienden otros ayuntamientos, como el de Cangas, que han presentado recursos en vía judicial y desde Bueu sopesan hacer lo mismo. "Estamos atentos a la resolución de esos recursos contenciosos para tomar una decisión", afirma el alcalde, Félix Juncal.

El Concello se remite al convenio suscrito en junio de 2008, en el que se estipulaba que la administración local debería hacer frente a una aportación que significase en torno al 30% de los gastos totales de mantenimiento. Un capítulo en el que se incluyen la limpieza y conservación de las instalaciones, energía eléctrica, calefacción, telefonía o Internet. Eso se traducía en coste estimado de 600 euros por alumno, lo que sumaba un total de 33.600 [la guardería tiene 56 plazas].

La Xunta de Galicia modificó en el año 2017 el régimen de aportaciones al consorcio a través de la Lei 2/2017 de Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación, que abre la puerta a cargar a los ayuntamientos gastos vinculados al capítulo I, que es el de personal. "A pesar de ser una ley no es el vehículo idóneo para establecer los términos de las obligaciones y derechos de una entidad asociativa, que deberá regirse por sus propios Estatutos", reza el recurso presentado en vía administrativa por el Concello de Bueu.

Esta modificación supone que se estima el coste medio de mantenimiento de las escuelas infantiles en 4.500 euros por plaza y año y que los ayuntamientos deben asumir una tercera parte. "Lo que pretende la Xunta es equiparar en un único apartado, que denominan gastos de funcionamiento, los costes de mantenimiento y los de personal y que los ayuntamientos asumamos el 30%, lo que supone un gran incremento sobre lo que se venía aportando", argumenta Félix Juncal. Con ese cambio se pasa de hacer frente a un coste de 600 euros por alumno a otro de 1.500 euros.

Las liquidaciones provisionales de gasto se realizan con carácter semestral y el ayuntamiento bueués ha devuelto todas las que se le han girado desde la segunda mitad de 2017. Son un total de cinco facturas -una de 2017, dos de 2018 y dos de 2019- y en global suman más de 120.000 euros.

El recurso de reposición presentado por los servicios jurídicos municipales recuerda que si se quieren modificar las condiciones del acuerdo de incorporación de cada ayuntamiento al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar debe hacerse a través de un nuevo convenio, algo que no se ha producido. En su día se firmó un acuerdo marco entre el propio consorcio y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), pero que "carece de virtualidad a efectos de determinar las obligaciones y derechos de los entes consorciados". Por ello, desde Bueu afirman que las liquidaciones provisionales que se vienen enviando desde la segunda mitad de 2017 "adolecen de vicio de nulidad" porque se adoptaron "sin respeto al procedimiento establecido".

El gobierno local se agarra al convenio firmado en junio de 2008, en el que "parece claro" que los gastos que debe cofinanciar el Concello "son los incluidos en el capítulo II [gastos en bienes corrientes y servicios] y no los del capítulo I [personal]". Félix Juncal insiste en que si la escuela infantil se adscribe al área de Benestar Social o bien como si se considera como una enseñanza reglada no obligatoria se trata de "dos competencias exclusivas de la Xunta de Galicia, que debe hacer frente a los costes de personal".

Hasta el momento desde Bueu se niegan a abonar esas factura y se han presentado recursos de reposición, aunque si los procesos judiciales emprendidos por otros municipios son favorables también se sumará a esta vía.

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