Los vecinos de Ons mantuvieron ayer una reunión con el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, que les trasladó su respaldo para tramitar y apoyar la proposición de ley para modificar la Lei 5/2001, que establece el régimen de concesiones en la isla bueuesa. Aunque tendrá que ser en la próxima legislatura. El representante de la formación es juez de carrera y magistrado y por ello se mostró convencido de que el cambio legislativo es viable. Tanto que incluso señaló uno de los posibles caminos: la modificación de la Ley de Costas aprobada en 2013, que sirvió para indultar determinados puntos del litoral en todo el Estado, incluyendo el edificio Salitre, en Moaña. Villares defiende que al amparo de esa ley se podría tramitar un cambio en el carácter demanial de la isla y que las viviendas tengan la consideración de bien patrimonial.

La reunión fue en el salón de plenos del Concello de Bueu, que estaba lleno de isleños convocados por la Asociación de Veciños e Amigos de Ons. El colectivo remitió su propuesta para modificar la ley de 2001 con el objetivo de que se les reconozca la propiedad sobre unas viviendas que llevan ocupando, a través de distintas generaciones, desde hace 200 años. En Marea fue el primero de los grupos en responder, pese a que este mismo lunes el Parlamento de Galicia quedó disuelto después de la convocatoria anticipada de elecciones para el 5 de abril y toda la tramitación queda suspendida. Villares afirma que su formación asume la propuesta vecinal como propia y durante la charla de ayer hizo un llamamiento al resto de fuerzas para que hagan lo propio.

Una propuesta similar fue rechazada en 2011 en el Parlamento de Galicia, con los votos en contra del grupo parlamentario del PP, alegando el la naturaleza demanial de la isla de Ons. En opinión Villares ese argumento no sería válido hoy a raíz de la modificación en la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central del PP en 2013. "No es cierto que no se pueda cambiar el carácter demanial y esa reforma establece modificaciones en algunos casos", argumenta el portavoz de En Marea.

Explica que la Constitución establece una "configuración mínima" sobre la demanialidad, pero "a esa configuración mínima quien le da forma es la ley que da forma a ese precepto constitucional". En este caso se trata de la Ley de Costas, que es su reforma de 2013 "hace una delimitación de determinados perímetros insulares, excluyendo completamente del dominio público determinadas ínsulas dentro del Estado".

El representante de En Marea sostiene que la proposición de ley que presentan los vecinos tiene encaje en esa figura. "Es un precepto que se realizó con otra finalidad, pero ahora hay más razón aún para proceder a ese cambio de demanial a patrimonial y reconocerle los derechos a quien realmente los tiene", expuso. Villares calificó de "injusta" la ley que aprobó el sistema de concesiones en 2001 y sentenció que "cuando una ley es injusta hay que cambiarla".

La reunión con los vecinos se prolongó durante cerca de una hora y Luís Villares, además de estar rodeado de la directiva vecinal, estuvo acompañado por el vicealcalde de Bueu, Julio Villanueva (ACB), y por el portavoz municipal del grupo del BNG, Xosé Leal.

Durante la reunión los representantes vecinales no ocultaron su enfado hacia la Xunta de Galicia, especialmente hacia las consellerías de Medio Ambiente y Facenda, y solo salvaron al responsable de la Consellería de Cultura, Román Rodríguez. La presidenta de la asociación, María José Pérez, volvió a reprochar que Medio Ambiente remitiese a los vecinos a Facenda para hablar de la propiedad de las casas y que desde este departamento les volviesen a redirigir hacia Medio Ambiente. "Si hablamos de un bien de naturaleza demanial las competencias son de Facenda", terció Luís Villares.

Los vecinos siguen teniendo en la manga en as de su apoyo a la declaración de Ons como Patrimonio Mundial. Después de la reunión de septiembre con las dos consellerías y el Concello se logró un acuerdo para un nuevo sistema de acceso, que a su vez garantizaba el apoyo vecinal a ese trámite ante la Unesco. "Nosotros tenemos palabra y no nos vamos a retractar, pero tampoco nos vamos a dejar pisotear", advierte María José Pérez. La presidenta vecinal defiende que "somos los isleños los que hacemos el mantenimiento y del medio; si la isla está conservada es por el trabajo de los vecinos. Lo único que pedimos es lo que es nuestro por derecho, por derechos históricos y no nos queda otra que insistir", concluyó.