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La Mancomunidad rechaza la cesión del contrato de la basura de Recolte a Urbaser

La empresa que compró el contrato de la basura de O Morrazo tendrá que acreditar su solvencia económica -También se debe realizar un inventario de camiones y maquinaria

La junta de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo se constituyó ayer y ya tomó decisiones. // Santos Álvarez

La junta de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo se constituyó ayer y ya tomó decisiones. // Santos Álvarez

La junta de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo no aceptó ayer ceder el contrato de la recogida de basura que está en manos de Recolte, tras una segunda prórroga, que finaliza en octubre del próximo año, a Urbaser, que compró su contrato con este ente supramunicipal. La decisión obedece más a cuestiones técnicas que a razones políticas, por lo que pudo trascender. La junta de la Mancomunidad exige a Urbaser que acredite su solvencia, atendiendo así a los requerimientos de los técnicos. También, antes de la cesión, se quiere realizar un inventariado de los camiones y maquinaria con los que Recolte está aún realizando el servicio.

Así que Urbaser tendrá que esperar, más de lo que hubiese deseado. Basta recordar que la junta de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo se constituyó precisamente ayer, cinco meses después de la constitución de las corporaciones municipales. Tanto a Recolte como a Urbaser le hubiese gustado que el acuerdo de la cesión del contrato se produjera ya ayer, con el fin de ganar tiempo. No trascendieron razones políticas contra este proceso de cesión en el seno de la junta. Los concellos no tienen prisa. El contrato se prorrogó hasta octubre de 2020 y tienen hasta esa fecha para decidir el futuro del servicio, que algunos quieren que vuelva a ser público, mientras que otros opinan que no se dan las circunstancias económicas adecuadas para ello. La Mancomunidad de Municipios de O Morrazo está también intervenida por el Estado, después de tener una deuda que alcanzaba los 17 millones de euros. El plan de ajuste dificulta la contratación de personal que haría falta para que el servicio vuelva a manos públicas.

La junta de la Mancomunidad, integrada por los alcaldes de los municipios que la constituyen más tres miembros más de cada uno de los gobiernos, acordó pagar a Inerproma el estudio que supuestamente debía de servir para arrojar luz sobre un nuevo modelo de recogida de la basura y que sería el primer paso para volver a hacer público el servicio. Pero en ningún momento el citado informe habla de recuperar el el servicio y sí de nuevas fórmulas que supondrían fuertes inversiones y subida de cuotas de la basura. A favor, creación de puestos de trabajo y reducción de pagos a Sogama. Pero este estudio, como muchos otros, tampoco sirvió de nada.

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