La Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha ejecutado en los últimos cinco años cerca de medio centenar de derribos de edificaciones ilegales. La gran mayoría de las actuaciones se desarrollaron en el término municipal de Cangas, con casi una treintena de expedientes. Le sigue Bueu con 14 y en Moaña solo se dictaron dos demoliciones, que se acometieron en abril del año 2016.
La agencia está adscrita a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio y tiene entre sus funciones la inspección y vigilancia urbanística y la acción de reposición de la legalidad en esta materia. Esto básicamente significa la demolición de edificaciones sin licencia en terrenos protegidos calificados como zonas verdes, espacios libres públicos, protección de costas o suelo rústico. Cangas es el ayuntamiento de la comarca en el que se han registrado más denuncias: un total de 29 durante el último lustro, según los datos actuales de la APLU. Una cifra que dobla a la de Bueu y que sitúa al concello cangués entre los primeros puestos en la provincia de Pontevedra.
El ejercicio con mayor actividad fue 2015, con la ejecución de hasta una decena de órdenes de demolición. Todas fueron en un terrenos calificados como "servidumbre de protección de costas", salvo dos que estaban en suelo rústico. El uso de esas edificaciones era residencial, salvo en un caso que era industrial. La mayoría de los casos son instalaciones situadas muy cerca de la costa, sobre todo en la parroquia de O Hío, y suelen ser viviendas prefabricadas, caravanas o construcciones tipo barbacoas, según la memoria de actividad de la APLU.
El ejercicio 2016 fue el que registró una menor incidencia de la piqueta, con seis derribos durante todo el año. En cambio, durante 2017 y 2018 se tramitaron y derribaron un total de nueve edificaciones en cada año. Entre esos expedientes había una construcción destinada a un uso hostelero, vinculado a un servicio de comidas a escasos metros de la playa. De momento la agencia no aporta datos referidos al año 2019, ni de expedientes ni de órdenes de derribo ejecutadas.
La costa de Bueu es otro de los focos de acción de la APLU en la comarca de O Morrazo. En el municipio bueués se contabilizan hasta catorce expedientes desde 2014 y el periodo en el se cuantifican más demoliciones se corresponde con el año 2016. Durante esos doce meses se ejecutó el derribo de doce edificaciones, todas de uso residencial y situadas mayoritariamente en dominio público marítimo terrestre. La tipología más común era la presencia de viviendas prefabricadas, bungalós de madera o caravanas. En 2014 y 2015 hubo dos derribos por año, incluyendo una instalación vinculada a un hostelero a pie de playa, mientras que en 2017 la cifra fue de tres órdenes de demolición. Según la memoria de la APLU, el pasado año 2018 fue inusualmente tranquilo ya que no se contabilizó ninguna intervención para la reposición de la legalidad urbanística.
El periodo sobre el que ofrece datos la agencia urbanística de Galicia solo revela dos actuaciones en el territorio moañés. Se trata de dos derribos ejecutados en el mes de abril de 2016 y que se corresponderían a dos edificaciones de tipo industrial. En realidad se trataba de una caseta de madera y de un quiosco de hostelería. Ambas construcciones estaban en el dominio público marítimo terrestre y en el caso del quiosco estaba prácticamente encima de una playa del litoral moañés. Las estadísticas de la APLU no señalan nuevas intervenciones en el municipio desde aquella fecha, a la espera de que se haga balance del actual ejercicio.
