La empresa Promociones Luis Barros comenzó ayer a desmantelar la planta que tiene en A Portela con la intención de trasladar los silos a otro emplazamiento. Una grúa de gran tamaño inició por la mañana temprano la compleja operación.

El Concello de Cangas, a través de su alcalde, Xosé Manuel Pazos, (ACE) aseguraba ayer que nada tenía que ver con esta operación, porque aún no se había dado orden de ejecutar el proyecto de demolición, con el fin de cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordenaba su derribo por considerar que la actividad que se realizaba en la planta era nociva e insalubre. Por su parte, Estela Barros, hija del propietario de la planta, Luis Barros, y que ejercía como abogado de la empresa, aseguraba ayer que el desmantelamiento sugirió que la pregunta sobre qué estaba realizando las dos grúas en la planta de hormigón de A Portela había que hacérsela al Concello de Cangas y que no quería hacer más declaraciones ni ofrecer su versión. Al alcalde se le volvió a realizar la pregunta e insistió en que el Concello nada tenía que ver. Xosé Manuel Pazos se encargó directamente del asunto y habló con la jefa del Departamento de Urbanismo. Tras examinar detenidamente la documentación, el regidor local volvió a señalar que el desmantelamiento de la nave lo estaba realizando la propiedad por su cuenta. Sí recordó que la planta se encontraba precintada por orden judicial y que, en su momento, concretamente en septiembre de 2018, se levantó la misma para que la empresa pudiera retirar material de la instalaciones.

También el pasado año, el TSXG se pronunció sobre el recurso interpuesto por Promociones Luis Barros y el propio Concello de Cangas que pretendían la "inexecutabilidade" de la sentencia que obligaba a demoler la planta. Era una de las últimas salidas que tenía la empresa para impedir el derribo. El Concello, por su parte, perseguía, con este incidente de inejecución de sentencia, el cese de la actividad en la planta, según manifestó en su momento el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo.

Hay que tener presente que en marzo de 2009 el propietario de la hormigonera, Luis Barros, anunció que solicitaría una indemnización millonaria al Concello de Cangas si decidía ejecutar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra, que después ratificó el TSXG, por la que se anulaba la licencia de obra concedida en su momento por el Concello. Estela Barros siempre mantuvo que no se podía paralizar una actividad que tenía licencia municipal y que un técnico municipal certificó que la empresa reunía los requisitos.

En un principio, se pensó que la modificación puntual de la Normas Subsidiarias, destinadas a crear el polígono industrial de A Portela, podía salvar la hormigonera, pero la sentencia judicial insistía en que la actividad que se practicaba era nociva e insalubre, por lo que la solución pasaría por mantener las instalaciones, peor cambiar de actividad. En 2015, el Concello aprobó un proyecto de demolición por un importe de 52.206 euros.