La huelga indefinida de los funcionarios de los juzgados gallegos, que se prolonga desde comienzos de febrero y llegó a movilizar en Cangas al 90% del personal, parece no tener una solución a la vista, pese a las dificultades económicas que acarrea para muchos de los implicados como los procuradores.
Sin embargo, y mientras se enquistan las negociaciones, muchos ciudadanos sufren las consecuencias con el retraso de los casos que tienen puestos en manos de la justicia. En algunos casos esto implica incluso una merma en los ingresos de los ciudadanos, como ocurre con Cristina (nombre falso), una vecina de Tirán de 50 años con un hijo menor de edad y que desde hace cinco meses no percibe la pensión alimenticia de su exmarido "debido a la huelga en los juzgados". No cobra esta pensión desde hace 5 meses. "La última vez que la cobré fue en diciembre. Tengo un trabajo de media jornada y se me hace muy duro mantener a mi hijo y pagar la hipoteca, pues mi expareja dejó de pagar su parte de la casa y el caso también se encuentra en la justicia".
La pensión alimenticia que Cristina percibe cada mes es de 600 euros. "Tengo una sentencia desde hace nueve años, tras mi divorcio. Llegados a un punto mi exmarido redujo el importe de los pagos y después dejó de pagar. Acudí al juzgado a poner una denuncia y gané. Desde entonces la justicia le embarga la nómina y es el propio juzgado el que acuerda mis ingresos. Al no contar con personal funcionario suficiente, desde diciembre no cobro esta pensión. Me parece que es una situación muy injusta y lo que siento es una gran impotencia", desvela. Asegura que su abogado conoce "a más gente en esta misma situación".
Cuando comenzó la huelga la vecina de Tirán llevaba ya dos meses sin percibir la pensión. Asegura que es un retraso habitual. "Aunque todo funcione con normalidad, es normal que tarden incluso tres meses en completar los trámites burocráticos y después me ingresan el dinero todo junto", explica para quejarse de los retrasos de la burocracia incluso con asuntos tan delicados.
"Estos meses, para pagar la hipoteca, he tenido que recurrir incluso a la deducción del IRPF o a una beca por una pequeña discapacidad que cobró mi hijo", lamenta.
Asegura entender las reivindicaciones de los huelguistas del sector de la justicia, "pero si yo me retraso dos meses en pagar la hipoteca me echan a la calle, y al banco no le importa la razón de ese retraso", lamenta.