Todos los grupos políticos del gobierno y la oposición de Cangas están de acuerdo en que las empresas de suministro eléctrico, gas e incluso agua que ocupan parte del suelo público para prestar sus servicios paguen una tasa por ocupación, como ya lo hacen compañías de telecomunicaciones o entidades bancarias por colocar cajeros en la vía pública. Así lo pusieron de manifiesto en el Pleno de ayer, a raíz de una moción del BNG que fue aprobada por unanimidad, aunque casi todos reconocen que el procedimiento es complejo y se debe hacer con rigor para evitar que lo tumben los tribunales a instancias de las firmas afectadas. El primer paso es realizar un estudio que valore los tramos susceptibles de aplicarles una tasa que rondaría entre 300 y 12.000 euros por kilómetro lineal, en función del servicio y de otras condiciones, aunque la propuesta aún está verde y habrá que madurarla en los próximos meses.

El socialista Alfredo Iglesias y José Luis Gestido, de Cangas Decide, coinciden en apoyar medidas "que beneficien aos veciños", aunque quieren saber en qué condiciones se aplicaría la medida y qué cantidad aproximada iría a parar a las arcas municipales. El edil de Urbanismo y de Facenda, Mariano Abalo, aseguró que ya ha contactado con un despacho de profesionales especializados en esta materia, al tratarse de un asunto "complexo", como también recordó Pío Millán, del PP. La ponente, Mercedes Giráldez, hizo hincapié en que las compañías suministradoras "non poden aproveitar o que é noso e logo cobrarnos por todo", y se comprometió a agilizar los trámites que se traducirían en una ordenanza específica sobre este asunto.

Más discrepancias hubo en otros asuntos de índole económica, como la propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de algo más de 150.000 euros para hacer frente a varias facturas atrasadas, la mayoría relaciones con el servicio de ayuda domiciliaria de Servizos Sociais. La oposición reprochó que se recurra a esta fórmula con más frecuencia de la deseable, y que se cerrara el ejercicio de 2016 sin computar este gasto, evitando así superar el techo que marca la ley. Aunque se pidió retirar este punto del orden del día, el tripartito argumentó que hay varias empresas esperando cobrar e hizo valer su mayoría para sacarlo adelante.

También se escucharon fuertes críticas al gobierno en el debate por la pérdida de una subvención de la Xunta para el aula de estimulación, por importe de 143.400 euros. Todos los grupos de oposición pidieron responsabilidades y el compromiso de realizar las gestiones para que esa ayuda pueda recuperarse y mantener el servicio aunque sea sin ella. El edil de Servizos Sociais, Tomás Hermelo, aseguró que esas demandas ya están garantizadas y abundó en que el servicio no solo se mantiene, sino que mejora con respecto a años precedentes dotándolo de personal estable. El tripartito, con su mayoría, esquivó la moción a pesar de los votos favorables de Cangas Decide, PSOE y PP.

La sesión plenaria terminó antes de iniciarse el turno de ruegos y preguntas al enzarzarse en una fuerte discusión los concejales Mariano Abalo, de ACE, y José Enrique Sotelo, del PP, a raíz de la negativa del grupo de gobierno a admitir por urgencia una moción de reprobación del edil Andrés García Bastón que había presentado el portavoz de Cangas Decide, José Luis Gestido. El tripartito argumentó que no era urgente tratar este asunto porque García Bastón "non se vai a fugar" y ese debate podía aplazarse. En el intercambio dialéctico entre Abalo y Sotelo se escucharon insultos como "asesino", "facha", "gilipollas" o "terrorista" y airadas intervenciones desde el público hasta que el alcalde, Xosé Manuel Pazos, tras consultar con la secretaria municipal, optó por levantar la sesión al entender que no era posible controlar la tangana y que así era inviable continuar el debate. Es la primera vez que Pazos da por concluido un Pleno por esta vía, aunque luego advirtió que no va a tolerar que se prodiguen los insultos y descalificaciones.

Con esta decisión del regidor quedaron en el aire algunos asuntos que colectivos y particulares pretendían aclarar tras el orden del día. Aún así, el gobierno local no quiso pasar por alto la distinción otorgada por los mandos policiales al inspector de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que la recogió ayer en Madrid.