Virocem realiza mediciones de sonido

"O botellón non é cultura de nada, e o que hai que facer é erradicalo dos espazos públicos de Cangas". La sentencia se ha escuchado estos días en una reunión entre responsables del gobierno municipal y de la Policía Local, que ha empezado a tramitar las primeras multas por consumo de alcohol en calles y plazas del actual mandato. Los agentes ya han identificado a varias personas a las que se atribuye una infracción tipificada en la ordenanza de convivencia ciudadana vigente desde hace un lustro, y la intención es "chegar ata o final" en la aplicación de las sanciones previstas para estos casos, dejando claro que las medidas para eliminar esta práctica "van en serio" y que los controles continuarán, principalmente los fines de semana.

Pero la supervisión policial no se limitará a las calles, sino que se intensificará también en los establecimientos de la "movida", con "visitas sorpresa" para controlar tanto los horarios como de volumen de la música y condiciones de insonorización que eviten molestias a los vecinos. Son alrededor de una docena de locales de copas de la zona de diversión nocturna los que están en el punto de mira por incumplimiento del horario de cierre, por hacerse la vista gorda cuando los clientes sacan bebidas a la calle y permisividad para que regresen cuando las rejas ya deberían estar echadas, y en muchos casos lo están. Bares, pubs y discotecas, principalmente de la Avenida de Marín y su entorno, que la Policía Local y la Guardia Civil tienen fichados por seguir en activo después del límite máximo e "incumplir otros requisitos" de la normativa vigente. Algunos de ellos son reincidentes o multirreincidentes.

El pasado fin de semana, y después de varios intentos, el Concello logró cerrar una discoteca de la calle Ferrol que no podrá reabrir al menos durante 15 días. Ayer, en las dependencias municipales había otros dos decretos de sanción económica (600 euros) y cierre de una discoteca y un pub en calles aledañas. La intención era notificar la medida durante el fin de semana, abriendo un plazo de 15 días para que sus titulares puedan presentar alegaciones. Transcurrido ese período, se tomará una decisión, aunque el alcalde, Xosé Manuel Pazos, ya ha advertido que va a ser "firme" en su cometido porque los incumplimientos generan un importante problema social y, en ocasiones, también de seguridad ciudadana.

En los últimos años se tomaron desde el Concello diversas medidas para intentar controlar la movida nocturna, entre ellas la obligación de instalar aparatos de medición y limitadores del sonido, además de vigilar los horarios de cierre, llegando a clausurar varios establecimientos durante una semana como castigo, aunque los resultados fueron desiguales. Algunos hosteleros argumentan que la situación deriva de un problema "en cadena" y el incumplimiento de unos locales repercute en los demás. "Si los que deben cerrar sus puertas a las dos lo hacen a las tres o más, los de las tres continúan al menos hasta las cuatro, y así sucesivamente hasta llegar a la mañana", explica un empresario, que pide "fiscalizar a todos o a ninguno".