El Real Decreto-Ley 4/2012 aprobado por el Consejo de Ministros para financiar el pago de facturas a proveedores de las administraciones públicas, está provocando incertidumbre en los ayuntamientos. Ese texto se aprobó ante "la grave situación de crisis económica" y para paliar la "incidencia negativa en la liquidez de las empresas". Las dudas sobre su alcance y aplicación son la nota dominante en Cangas, Moaña y Bueu, cuyos políticos esperan aliviar el déficit que arrastran, pero los técnicos aún desconocen cómo.
En Cangas, los departamentos de Intervención y Tesorería trabajaron desde primera hora de la mañana en analizar el decreto y en consultar dudas con otros compañeros de la comarca, igual de contrariados. Aún así, el alcalde, José Enrique Sotelo, convocó a los técnicos y trabajadores de varios departamentos para crear una comisión que se encargue de este asunto, comenzando por la elaboración del listado de deudas generadas por obras, servicios o suministros y su documentación adjunta, "un trabajo ímprobo" que pretenden realizar "en el menor tiempo posible". En esa relación, y a la espera de que se aclaren las dudas, se incluirán facturas por unos 18 millones de euros, contando con la parte proporcional de la deuda con Sogama, entre otras, aunque su inclusión está en entredicho al tratarse de una sociedad pública y, además, el deudor directo no es la Administración local, sino de ámbito comarcal.
La comisión se reunirá mañana, presidida por Sotelo y con la probable participación del concejal de Facenda, Pío Millán. Sobre la mesa pondrán un plan de viabilidad a 30 años, el plazo mínimo que contemplan para amortizar la deuda. "Afrontarlo a menor plazo no es viable, porque su amortización no puede afectar a la prestación de servicios y repercutir negativamente en el normal funcionamiento del Concello", insiste el regidor. El Gobierno local se felicita porque "hay ya un importante trabajo adelantado" con el plan de saneamiento económico financiero aprobado el viernes por el Pleno de la Corporación. "Las claves del plan de viabilidad se mantienen, pero los plazos se incrementan. Lo que ahora planteamos a tres años lo plantearemos a 30", corrobora Sotelo, que también quiere confirmar si su aplicación afectará a las partidas que reciben del Estado y en qué grado. En todo caso, descarta que el pago de la deuda se vaya a realizar a cambio de una subida de impuestos más allá de las apuntadas en el plan de saneamiento municipal.
7 millones en Moaña
El alcalde de Moaña, José Fervenza, todavía debe analizar con detenimiento el Real Decreto, pero cifra en 7 millones de euros la deuda reconocida por el Concello con proveedores. Indica que alrededor de un millón todavía está pendiente de ser asumida. A la hora de valorar la medida, y a falta de conocer la letra pequeña, mantiene que sería un alivio vital conseguir una reducción de parte de esta deuda y habla de una complicada situación "herdada dos anteriores gobernos locais". Recuerda las importantes deudas que mantienen con empresas como Fenosa, "coa que se asinou un plan de pagos que estamos a cumprir", con Covsa –sobre un millón de euros– y con Urbaser –alrededor de 600.000 euros– y no oculta que necesitan un respiro. A la cifra total apuntada habría que restar los pagos realizados a comienzos de año gracias al recurso a un crédito bancario.
Descarta de plano recurrir a una subida de impuestos. "Dixemos fai uns meses que non tocaríamos os impostos en 2012 e temos pensado cumprir con esa palabra", asevera.
En el caso de Bueu, ayer mismo se celebró la primera reunión entre los responsables de los departamentos de Tesorería e Intervención y el alcalde, Félix Juncal, y el edil de Facenda, José Inocente García Cuervo. "La valoración que se puede hacer es con muchos matices y cautelas. No sabemos plazos de amortización, si hay que incluir solo las facturas reconocidas o también las que están sin reconocer", apunta, entre otras dudas, Juncal. Los técnicos esperan que a lo largo de esta semana el Ministerio de Hacienda distribuya una circular aclaratoria para resolver este tipo de cuestiones. "La primera valoración es que a corto plazo el Real Decreto puede ser efectivo, pero a medio y largo plazo puede limitar la capacidad de endeudamiento y de invertir de los ayuntamientos", razona Félix Juncal.
Plan de ajuste
El texto obliga a los ayuntamientos a aprobar un plan de ajuste que, según reza el decreto, "se extenderá durante el periodo de amortización" y que debe "recoger ingresos corrientes suficientes" para financiar los gastos municipales y la amortización de la deuda. Eso abre la puerta a una posible subida de impuestos y tasas municipales, algo a lo que en Bueu se resisten. "Salvo por exigencias legales no contemplamos ningún incremento. De manera previsora ya contábamos con un aumento en los derechos de recaudación del IBI, que serán 300.000 euros a mayores de lo que está consignado en los presupuestos municipales", defiende el alcalde de Bueu.
