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El PSOE provincial llevará al Consello de Contas el reparto de contratos menores

Aportarán documentación sobre la adjudicación de 160 contratos en dos años a las mismas cuatro empresas -Suman 7 millones de euros

Diputados socialistas en un pleno provincial. // Brais Lorenzo

El grupo provincial del PSOE denunciará ante el Consello de Contas de Galicia el reparto "a dedo" entre cuatro empresas de siete millones de euros fragmentados en 160 contratos menores de obra. Los socialistas advierten de "presuntas irregularidades" en dichas adjudicaciones, que corresponden al período de los dos últimos años.

Así lo anunciaron ayer el portavoz del grupo, Rafael Villarino, y el diputado Ignacio Gómez, tras mostrar una serie de gráficos y tablas que recogen las cifras de facturación y el número de contratos adjudicados a las cuatro firmas. Esta documentación será entregada en el Consello de Contas, donde denunciarán también "el mismo proceder del gobierno provincial" en los contratos menores de suministros y servicios.

Tras la entrada en vigor de la nueva regulación sobre contratos públicos, afirma el PSOE, "la Diputación repitió estas adjudicaciones menores, en muchos casos con importes exactamente iguales, al borde del límite máximo permitido, independientemente del objeto y siempre entre las mismas empresas".

El grupo analizó de forma pormenorizada los expedientes formalizados entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de enero de 2020 y constató que la firma Manuel Viso e Hijos fue la principal beneficiaria de este procedimiento que no requiere concurso público, con una facturación de 1,9 millones en 58 contratos menores. A continuación se sitúan Camiños de Ourense, con 1,5 millones en 40 contratos, y Coviastec, con 1,4 millones y 38 contratos. La cuarta, Explotaciones Medioambientais, facturó en el mismo período 0,8 millones repartidos en 24 contratos. Todos los importes son sin IVA.

Villarino censuró un sistema de adjudicaciones que "viola sistemáticamente" la ley de contratos del servicio público y alude, en concreto, a "por lo menos 15 obras menores superiores a 40.000 euros, el límite que establece la legalidad, y hasta 10 contratos de servicios superiores a 15.000 euros, el otro tope fijado.

El diputado Ignacio Gómez ve necesario que el Consello de Contas "explique todo esto" y aporte "una base jurídica más sólida".

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