Elecciones EEUU 2024

Un juez permite que el caso contra Trump en Georgia prosiga con la fiscal cuestionada por una relación romántica

El magistrado puso como condición a Fani Willis que el fiscal que contrató y fue su pareja abandonara la oficina y él ha dimitido horas después

El expresidente estadounidense Donald Trump.

El expresidente estadounidense Donald Trump. / EP

Idoya Noain

Fani Willis, la fiscal que imputó en Georgia a Donald Trump por sus intentos de alterar los resultados electorales en ese estado en las elecciones de 2020 que el republicano perdió contra Joe Biden, podrá seguir al frente del caso, uno de los cuatro penales que enfrenta el candidato republicano para las presidenciales de noviembre. El juez Scott McAfee ha anunciado este viernes esa decisión, poniendo fin a un intento por parte de los abogados de Trump y otros encausados de descalificar a Willis por haber contratado para su oficina a un fiscal con el que tuvo una relación romántica, algo que señalaban que marcaba un conflicto de interés por el potencial de haberse beneficiado económicamente de la contratación.

El magistrado ha impuesto como condición para que Willis pueda seguir que ese hombre, Nathan Wade, se retire de su participación en el caso, algo que el abogado ha hecho unas horas después. Willis ha aceptado su dimisión en una carta agradeciéndole su "patriotismo y valor" y sus servicios, recordando que ha sido víctima de amenazas y que otros rechazaron el cargo "comprensiblemente preocupados" por su seguridad.

La decisión de McAfee es un triunfo para Willis, aunque solo parcial. Trump y los otros encausados podrían apelarla y la mayoría de expertos y analistan creen que el caso difícilmente llegará a juicio antes de las elecciones de noviembre. La resolución de McAfee, además, no ayudará a la fiscal a recomponer su reputación, que ha quedado tocada.

En su decisión el juez le afea haber demostrado "tremenda falta de juicio" y haberse comportado "de forma no profesional" en las vistas sobre la descalificación que se celebraron el mes pasado, testimonio que como el de Wade ve manchado por "preguntas razonables" sobre si dijeron la verdad sobre los tiempos de su relación. Asegura, además, que "persiste un tufo de deshonestidad".

McAfee critica comentarios públicos que ha hecho sobre el caso la fiscal, incluyendo para un libro y en un discurso que dio en una iglesia en Atlanta, donde la fiscal acusó a quienes revelaron su relación con Wade y buscaron su descalificación de "jugar la carta de la raza" (tanto Willis como Wade son negros). "Bien puede haber llegado la hora de una orden que prevenga a la fiscalía de mencionar el caso en ningún foro público para evitar publicidad prejuiciosa en la fase previa del juicio", dice el juez, aunque señala que no hay una petición para hacerlo sobre la mesa.

El romance

En el centro del intento de descalificar a Willis, a Wade y a toda la oficina de la fiscalía del condado de Fulton estaban acusaciones planteadas por la defensa de varios de los encausados de que los fiscales habían iniciado una relación romántica antes de que ella le contratara a él en noviembre de 2022, un extremo que ellos niegan, asegurando que su relación se inició tras la contratación (y que ya ha acabado). Se alegaba también que se "beneficiaron personalmente" de forma económica de ello y se exponían como pruebas varios viajes y vacaciones que realizaron juntos, incluyendo cruceros y estancias en el Caribe.

Los abogados de los encausados aseguraban que pagó él esos gastos, aunque en las tensas vistas del mes pasado tanto Willis como Wade insistieron en que ella se hacía cargo de la mitad o le pagaba partes en efectivo. No hay registros de esos pagos y en su decisión el juez McAfee, aunque cree que no se han presentado pruebas suficientes, sí señala que puede ser una "práctica de reembolso inusual" y dice que "la falta de documentación que lo corrobore es comprensiblemente preocupante".

El juez considera que hay una "significativa apariencia de algo impropio que infecta la estructura del equipo fiscal", por lo queba da la opción de que se recusara todo el equipo o que Willis siguiera al frente si Wade abandonaba el caso, como ha hecho. Y aunque en su dictamen ha sentenciado que las "acusaciones y pruebas" presentadas son "legalmente insuficientes para alcanzar determinación de conflicto de interés". También apunta: "Conforme avanza el caso, miembros razonables del público pueden fácilmente preguntarse si los intercambios financieros han continuado o incluso si se ha reiniciado la relación romántica".

Reducción de cargos

La resolución de McAfee llega solo dos días después de que el juez diera el miércoles un golpe al caso al decidir retirar seis cargos contra Trump y los otros acusados del total de 41 que inicialmente se presentaron contra 19 encausados, cuatro de los cuales ya se han declarado culpables.

Los cargos retirados contra Trump son los que conciernen a sus peticiones a cargos públicos de que violaran la ley. Según el magistrado, la fiscalía no fue suficientemente específica al presentarlos y por ello no daban oportunidad a las defensas de preparar de forma adecuada sus casos. La decisión del juez deja la puerta abierta a que la fiscalía intente volver a presentarlos de forma más concreta a un gran jurado para lograr de nuevo la imputación.

Uno de los cargos ahora retirados se refiere a la llamada que Trump hizo al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, pidiéndole que le encontrara "11.780 votos", las papeletas con que Biden ganó el estado. Otro es una carta que instaba a Raffensperger a no certificar los resultados en el estado o buscar otros "remedios legales" para "anunciar al verdadero ganador".

Pese a la retirada, se mantienen los otros cargos, construidos sobre leyes contra el crimen organizado en un caso que representa la mayor amenaza para Trump. Al tratarse de un caso estatal y no federal, el republicano no podría si llega a la presidencia instar al Departamento de Justicia a retirar los cargos. No podría en caso de ser condenado perdonarse. Tampoco el gobernador estatal podría darle un perdón, algo que solo puede hacer un consejo estatal, y siempre después de que un condenado cumpla al menos cinco años de cárcel.