Pornografía infantil

Bruselas quiere penalizar el material de abuso sexual infantil generado por IA

El problema es que “siguen apareciendo manuales de pedofilia en línea y guías para quienes pretenden abusar sexualmente de los niños”

Jóvenes mirando sus teléfonos móviles.

Jóvenes mirando sus teléfonos móviles. / David Castro

Silvia Martinez

La Comisión Europea mueve ficha contra el abuso y la explotación sexual de menores. Bruselas ha propuesto este martes revisar la normativa para introducir penas más elevadas, ampliar las definiciones de los delitos e incluir nuevas medidas de prevención y asistencia a víctimas. La propuesta también plantea que el material de abuso sexual generado por Inteligencia artificial o el llamado ‘deep fake’ (falsificaciones profundas) quede cubierto por la directiva europea y sea punible y que todos los Estados miembros penalicen la retransmisión en directo de abusos sexuales a menores.

La Comisión Europea revisa una directiva europea de 2011 con el objetivo de endurecer la legislación sobre abuso y explotación sexual de menores

"Acceder a material de abuso sexual infantil es a menudo el primer paso hacia el abuso práctico, independientemente de si representa abusos y explotación reales o realistas", justifica la Comisión que subraya que la inclusión de una referencia explícita a las "reproducciones y representaciones" debería garantizar que la definición de material de abuso sexual infantil cubra estos y futuros avances tecnológicos de una forma suficientemente neutra. "Un derecho penal sólido es esencial y hoy estamos dando un paso clave para garantizar que disponemos de herramientas jurídicas eficaces para rescatar a los niños y llevar a los autores ante la justicia", ha destacado la comisaria de interior, Ylva Johansson.

El reglamento, que ahora deberá ser negociado entre Consejo y Parlamento Europeo, nace con el objetivo de tapar lagunas y como complemento a las medidas para luchar contra esta lacra en internet adoptadas hace dos años. Dichas medidas establecen obligaciones para que las empresas de internet detecten, notifiquen y retiren de sus servicios el material sobre abusos sexuales a menores. El problema, admite la Comisión, es que "siguen apareciendo manuales de pedofilia en línea y guías para quienes pretenden abusar sexualmente de los niños”, lo que sumado a los avances tecnológicos hacen que la amenaza sea "cada vez mayor".

Solo en 2022, recoge la Comisión, hubo 1,5 millones de denuncias de abusos en toda la UE, medio millón más que dos años antes, y se estima que 1 de cada 5 niños han sufrido algún tipo de violencia sexual. Ante esta realidad, el Ejecutivo comunitario plantea dar una nueva vuelta de tuerca a la legislación europea. Para empezar, propone ampliar la definición de los delitos penales relacionados con el abuso sexual infantil en todos los Estados miembros. Estos nuevos delitos deberán incluyir la retransmisión en directo de abusos sexuales a menores, así como la posesión e intercambio de manuales de pedofilia.

Plazos de prescripción largos

En cuanto a las penas de cárcel, Bruselas plantea un aumento de las penas por participar en actividades sexuales con un niño cuando se recurre a la prostitución infantil: a 8 años cuando se trata de un niño menor de la edad de consentimiento sexual y a 4 años cuando el niño es mayor de la edad de consentimiento sexual.

Asimismo, las víctimas tendrán más tiempo para denunciar los abusos sexuales sufridos y solicitar la adopción de medidas contra el delincuente y podrán recibir una compensación económica para hacer frente a los daños a largo plazo causados por los abusos sexuales.

Por ejemplo, para los delitos punibles con una pena máxima de al menos 3 años, el plazo de prescripción será de al menos 20 años a partir de la mayoría de edad, lo que significa que el plazo de prescripción no expira hasta que la víctima tenga al menos 38 años. En el caso de los delitos castigados con al menos 5 años, la prescripción será de al menos 25 años, cosa que retrasará el plazo hasta los 43 años de la víctima. Para aquellos delitos castigados con al menos 8 años, el plazo de prescripción será de al menos 30 años. Es decir, no expirarían hasta que la víctima tuviera al menos 48 años.

La Comisión justifica estos plazos en que las víctimas son a menudo incapaces de denunciar durante décadas por vergüenza, culpa u otros motivos. “Un estudio actual muestra que, por término medio, los supervivientes de abusos sexuales a menores tardan entre 17,2 y 21,4 años en contar sus experiencias a alguien. Alrededor del 60-70% de los supervivientes no revelan nada hasta que son adultos, y el 27,8% de los supervivientes no se lo cuentan a nadie”, señala la propuesta en referencia a un estudio que la edad y el sexo son factores que inciden y que los niños más pequeños y los varones revelan menos.

Bruselas quiere ampliar y armonizar los plazos de prescripción de los delitos en el conjunto de la UE

El objetivo con este cambio es armonizar la situación entre los Veintisiete ya que, aunque algunos han suprimido por completo la prescripción, otros tienen plazos muy cortos que expiran antes de que la víctima cumpla los 40.

Prevención y sensibilización

La propuesta también aboga por reconocer el trabajo de organizaciones que actúan contra el abuso sexual en interés y que reciben denuncias directas del público con material de abusos. “Cuando estas organizaciones, actuando en interés público, revisan y analizan o procesan de otro modo material constitutivo de imágenes o vídeos de abusos sexuales a menores con fines de retirada o investigación, dicho procesamiento no debe tipificarse como delito”, plantea la Comisión que propone que “todas las formas de captación en línea” estén tipificados como delito en todos los Estados miembros.

Los Estados miembros, por su parte, tendrán que establezcan un mecanismo de coordinación para aprovechar al máximo los programas disponibles de prevención y asistencia a las víctimas y aumentar sus inversiones en sensibilización, especialmente sobre los riesgos en internet, para garantizar que la red sea un espacio más seguro y mejor para niños y jóvenes. El plan también incluye nuevos requisitos para garantizar que quien contrate personal para actividades que impliquen un estrecho contacto con niños y para organizaciones que trabajen contra el abuso sexual infantil deban solicitar los antecedentes penales de los candidatos. Por último, los profesionales que trabajen en estrecho contacto con niños tendrán la obligación de denunciar los posibles delitos.