El macronismo y la derecha republicana acuerdan una versión más dura de la ley migratoria en Francia

Una victoria ideológica y política para la ultraderecha en Francia. La coalición del presidente francés, Emmanuel Macron, y Los Republicanos (LR, afines al PP) han acordado este martes por la tarde una versión muy dura de la ley migratoria. Una comisión, compuesta por siete diputados y siete senadores, alcanzó un acuerdo sobre este controvertido texto, rechazado la semana pasada por la Asamblea Nacional. Lo hizo después de que la coalición macronista hiciera numerosas concesiones a LR, cuyo discurso en temas migratorios parece un calco al de la Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen. 

La derecha republicana y la ultraderecha son las grandes ganadoras de un serial que debilita a Macron y entierra definitivamente esa promesa —o más bien dicho miraje— de un dirigente centrista capaz de "unir lo mejor de la derecha y la izquierda". "Hemos logrado un acuerdo en el Parlamento sobre la ley migratoria", ha destacado en la red social X el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que no sale especialmente reforzado de todo el serial que ha acompañado esta ley, presentada en febrero en el Consejo de Ministros.

"La derecha de Charles Pasqua —un ministro del Interior que aplicó duras políticas migratorias en los 80 y 90— está de regreso", destacó el diputado conservador Olivier Marleix. En declaraciones a la prensa en los pasillos en Asamblea, el presidente del grupo parlamentario de LR presumió de las numerosas medidas obtenidas por su formación durante la negociación. "Es una victoria ideológica, ya que la prioridad nacional ha quedado inscrita en esta ley", se ha felicitado Marine Le Pen, cuyo partido votará a favor del texto.

Por un lado, la derecha republicana y la ultraderecha han logrado que el Ejecutivo macronista renuncie a incluir en la ley un permiso de residencia especial para aquellos migrantes clandestinos que trabajan en profesiones con escasez de mano de obra. Por el otro, han conseguido que el macronismo acepte propuestas que hasta hace pocas semanas consideraba como líneas rojas, como limitar un dispositivo para que los migrantes irregulares puedan recibir atención médica y restringir el acceso de los extranjeros a las ayudas para pagar el alquiler.

Un serial político

Tras este acuerdo, la conocida popularmente como ley Darmanin —en referencia al ministro del Interior— será votada este martes por la noche en la Cámara Baja, así como en el Senado. Esta vez, lo más probable es que sí reciba el apoyo de una mayoría de diputados, a pesar de eventuales deserciones en el ala moderada de la coalición macronista —sobre todo, entre los representantes del partido centrista MoDem—. Aunque el Gobierno de Macron ha logrado sacar adelante su ley más destacada de este otoño, lo hace pagando un elevado precio por ello. No solo lo hace tras haber claudicado ante las exigencias de la derecha republicana —con un discurso en temas migratorios parecido al de Le Pen—, sino después de un serial político poco reluciente.

Gracias a una inhabitual alianza entre la izquierda, la derecha republicana y la ultraderecha, la Asamblea Nacional adoptó la semana pasada una moción de rechazo contra la ley Darmanin. Tras ese revés parlamentario —y que evidenció la debilidad del Gobierno de Macron en la Cámara Baja, donde no dispone de mayoría absoluta—, el Ejecutivo decidió mantener el texto y que su suerte dependiera de la comisión mixta, compuesta por 14 diputados y senadores. Como LR son claramente mayoritarios en el Senado, tenían la sartén por el mango en esa reunión, celebrada sin la presencia de cámaras ni periodistas. Esta empezó el lunes a las cinco de la tarde, pero rápidamente se suspendió. Hubo negociaciones en paralelo, llamadas por parte de Macron exigiendo un acuerdo. 

Casi 24 horas después y tras la pertinente suspensión nocturna, el presidente de esa comisión ha anunciado por la tarde la fumata blanca. El acuerdo final supone una versión más dura de la ley Darmanin. Diseñada desde un principio como una ley bastante más restrictiva que social, el texto tiene como objetivo facilitar y acelerar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular, así como aquellas personas extranjeras que hayan cometido delitos graves. En concreto, amplía la posibilidad de expulsar del territorio galo a aquellos extranjeros que llegaron a Francia antes de los 13 años, y también a los que viven desde hace más de una década en el país, en el caso de que hayan tenido "comportamientos que amenacen el orden público" o de violencia machista (o intrafamiliar).

"Un insulto al espíritu de las luces"

Para lograr el apoyo de la derecha republicana, la primera ministra, Élisabeth Borne, se comprometió con una carta a restringir la ayuda que permite a los migrantes recibir la atención médica. El texto final también recupera el delito de estancia irregular, suprimido por el socialista François Hollande en 2012 y que puede condenar a un año de prisión a cualquier persona migrante que viva en Francia sin el visado o los papeles en regla. Endurecerá las condiciones para permitir la reagrupación familiar de las familias extranjeras. Incorpora la retirada de la nacionalidad francesa para aquellos binacionales que sean condenados por un homicidio voluntario de un policía o militar. Y exigirá haber trabajado durante tres meses o vivir en el país desde hace cinco años para pedir las ayudas para pagar el alquiler. 

En lugar de un permiso especial para los migrantes que trabajan en sectores en que falta mano de obra, incluye la posibilidad de regularizaciones "caso por caso" por parte de los prefectos. Es decir, se trata un dispositivo parecido, o incluso más restrictivo, del que ya existe desde la circular adoptada hace una década por Manuel Valls. Los grandes perdedores con los retoques finales son los estudiantes extranjeros, especialmente aquellos oriundos de países de fuera de la Unión Europea. No solo pueden verse perjudicados por las restricciones en el acceso en la ayuda para pagar el alquiler, sino también por el establecimiento de "una fianza" que deberán pagar todos aquellos que viajen al país para estudiar.

"Se trata de un insulto ante el espíritu de las luces", lamentaron el lunes en un comunicado los presidentes de las distintas universidades francesas, que no suelen posicionarse en temas políticos. "Estamos ante un momento de gran deshonor para el Gobierno", ha criticado el diputado socialista Boris Vallaud. "Es una de las leyes migratorias más duras de las últimas décadas", ha criticado la insumisa Mathilde Panot.

Aunque los partidos de izquierdas no salen reforzados de este feuilleton —con el voto de la moción la semana pasada han contribuido al endurecimiento final, que también podría haberse producido en el caso de debates parlamentarios tradicionales—, sí que quedan como los únicos que defienden la promesa de una Francia humanista y tolerante. Un ideal al que renuncia con esta ley el presidente Macron.