El desafío al que se enfrentan los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea esta semana, en la cumbre del 17 y 18 de julio, es doble. Por la complejidad de encontrar un equilibrio aceptable para los Veintisiete sobre el marco financiero plurianual -el presupuesto europeo de algo más de un billón de euros para el período 2021-2027- y porque la pandemia del Covid-19 ha incluido un inesperado elemento en la ecuación que está complicando enormemente la negociación: el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para ayudar a los países más golpeados por la pandemia, que los llamados frugales -Holanda, Austria-Suecia y Dinamarca- insisten en recortar y que a tres días de la cita sigue dividiendo a los estados miembros.

Separar ambas negociaciones, reconocen diplomáticos europeos, es prácticamente imposible. "Políticamente es imposible. Están juntos". Ambos elementos forman parte del debate que llegará el viernes a la mesa de los líderes europeos totalmente abierto y que necesitará de la unanimidad para ser aprobado. La propuesta de compromiso presentada el pasado viernes por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha ofrecido algo de oxígeno a los países del norte, sin alterar la estructura del plan de la Comisión Europea, y es vista como una "base sólida de negociación", pero los grandes obstáculos de la negociación siguen presentes.

Para empezar, el volumen del presupuesto global de toda la Unión Europea y que ha quedado en un segundo plano tras la crisis del coronavirus. Bruselas propuso un montante de 1,1 billones que Michel propone rebajar en 26.000 millones, hasta 1,074 billones, manteniendo el gasto agrícola y la política de cohesión y reduciendo las partidas de investigación e inversión. Una cifra final que los frugales aspiran a limitar todavía potenciando mayores recortes en agricultura y fondos estructurales, las dos partidas en las que consideran que es posible un mayor ahorro.

También está pendiente de resolver el futuro de las compensaciones anuales a algunos países. Se trata de un descuento que obtuvo por primera vez el Reino Unido en 1984 que tras el brexit países como Francia y España aspiraban a erradicar. Finalmente, y en aras del consenso, Michel propone mantenerlos aunque el volumen sigue en discusión, lo mismo que la vinculación de las ayudas al respeto del estado de derecho y los valores europeos.

El gran foco del debate, sin embargo, sigue estando entorno al fondo de reconstrucción. Los 750.000 millones propuestos por Bruselas, y mantenidos por Michel en su compromiso, siguen siendo excesivos para Holanda, que también discrepa de la distribución -500.000 millones en ayudas y 250.000 en préstamos- y las exigencias sobre ajustes y reformas.

"Para Holanda es importante que las ayuda a la recuperación vayan acompañadas de condiciones claras en materia de reformas estructurales" y que "los desembolsos solo se hagan si se demuestra que las reformas se han implementado", señala el Ejecutivo en la carta enviada al Parlamento holandés.

"Nadie acepta troikas ni que un gobierno nacional decida lo que sucede en otros países", zanjaba el portugués Antonio Costa tras encontrarse con un Rutte que ha enfriado las posibilidades de acuerdo.