Será una consulta electoral sui generis, definida por el vocabulario oficial del Kremlin como "votación" y evitando cuidadosamente la palabra referéndum. Debido al Covid-19, un compendio de normas ad hoc ha sido anunciado por la Comisión Electoral Central, reglas que, de acuerdo con los expertos rusos independientes en observación de procesos electorales, "facilitarán la posibilidad de falsificar el resultado". Con todo, según filtraciones gubernamentales, el Kremlin aspira a atraer a las urnas a al menos la mitad del electorado, un objetivo más modesto que el que se fijó hace dos años, durante las elecciones presidenciales, convertidas también en plebiscito sobre la figura de Vladimir Putin. Entonces votó, según cifras oficiales, cerca del 70% del censo. La reforma constitucional que permitirá al presidente ruso seguir en el poder hasta 2036 no será aprobada en un referéndum, como son tipificadas estas consultas por la ley aprobada en el mandato de Boris Yeltsin.

El Parlamento adoptó en primavera una legislación especial para la ocasión, que define la consulta simplemente como una "votación a escala nacional", al tiempo que rebaja sustancialmente los estándares legales. "Desde el principio, al Gobierno le ha preocupado la abstención. Según la ley de referéndum, para que este sea considerado válido, se requiere que vote más del 50% del electorado. Este requerimiento estará ausente en julio", explica Pavel Pertsev, comentarista del centro Carnegie y periodista en la web independiente Meduza.

Con la nueva legislación, la posibilidad de que grupos y ciudadanos contrarios a la reforma hagan llegar su mensaje a la ciudadanía ha quedado sensiblemente mermada. Según la ley de referéndums, "los grupos contrarios a las propuestas tienen derecho a registrarse, lo cual les permite difundir su mensaje y les concede acceso a los canales federales de televisión. En la ley aprobada especialmente para la reforma constitucional no se contempla nada de esto", sigue Pertsev. Además, los partidos opositores tendrán difícil vigilar la limpieza de la votación, ya que todo observador "tiene que haber sido aprobado" por la Cámara Social de la Federación Rusa, organismo marcadamente progubernamental.

Las organizaciones independientes sobre procesos electorales han lanzado duras críticas a las nuevas normas, anunciadas por la Comisión Electoral y destinadas, según este organismo, a limitar el riesgo de infección durante la votación. Grigori Melkonyants, del movimiento Golos, ha llegado a sentenciar que el verdadero resultado "nunca lo conoceremos".

No solo se votará el 1 de julio, fecha fijada por Putin, sino que se podrá emitir el voto durante seis días antes. "Habida cuenta de que las normas estipulan que cada mesa electoral solo podrá recibir a un máximo de entre 8 y 12 personas en una hora, es decir, 144 al día, se deduce que la mayoría de los electores votarán por anticipado y no el 1 de julio. Sin embargo, en los datos oficiales, no se desglosará qué porcentaje ha votado por anticipado y cuál no, lo que es muy sospechoso", protesta Melkonyants. Además, se acepta el voto a domicilio, "sin que sea necesario demostrar el motivo y sin que esté presente ningún miembro de la mesa electoral en el momento de depositar la papeleta", señala.