Jugar con dos barajas figura entre las aficiones del primer ministro británico, Boris Johnson, quien ayer hizo buena el aura de mendacidad que arrastra. Según documentos remitidos ayer mismo al Tribunal de Sesiones de Edimburgo, su Gobierno está dispuesto a cumplir la ley que aprobó el Parlamento y pedir una nueva prórroga del "Brexit" si en el Consejo Europeo de los días 18 y 18 no logra un acuerdo con Bruselas. Sin embargo, en paralelo, Johnson lanzó un tuit en el que negaba el contenido de los documentos: "Nuevo acuerdo o falta de acuerdo, pero ningún retraso".

La remisión de los documentos, que los analistas interpretan como más sólidos que los desafíos virtuales de Johnson, se produjo durante una vista en el Tribunal de Edimburgo para valorar las consecuencias legales que podría acarrear al primer ministro un intento de forzar un divorcio por las bravas. El castigo iría desde una multa hasta una posible pena de prisión. Sin contar que el intento de salida sería nulo de pleno derecho.

La vista, cuyo resultado se conocerá el lunes, deriva de una demanda presentada, entre otros firmantes, por una parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP), temerosa de que pese a haber asegurado que respetará la ley, el Gobierno de Johnson busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicita la prórroga, evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada.

Una fuente de Downing Street, el despacho oficial del primer ministro, confirmó que el Gobierno cumplirá la norma, aunque reiteró que el "Brexit" se producirá el 31 de octubre, como está previsto. Londres confía en que su última propuesta sobre Irlanda anime a Bruselas a reabrir la negociación sobre la polémica cláusula de salvaguarda, mientras que la UE considera que la propuesta es un buen punto de partida para una negociación pero está lejos de permitir un pacto inmediato.

En cuanto a la ley que prohíbe el "Brexit" duro, conocida como "Benn Act" por el diputado laborista Hilary Benn que la impulsó el pasado septiembre, la fuente de Sowning Street aseguró que "solo impone un deber específico, muy estricto, de enviar una carta a Bruselas solicitando una prórroga", pero añadió que el contenido de la norma "puede ser interpretado de maneras diferentes".

Para la fuente, "la ley no impide que el Gobierno haga más cosas que no impliquen prórrogas, como mantener otro tipo de comunicaciones privadas y públicas" con diversos interlocutores. En esas condiciones, la oposición británica teme que Johnson se guarde un as en la manga para evitar retrasar la salida.