El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y otros altos cargos del país son responsables del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul (Turquía), el 2 de octubre de 2018, según los resultados de una investigación de Naciones Unidas publicados ayer. La conclusión se recoge en un informe de cien páginas presentado por la relatora de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, quien visitó Turquía para investigar los hechos.
Según el informe de la relatora, hay "evidencias creíbles que merecen una mayor investigación" "por parte de una autoridad apropiada" sobre la responsabilidad del heredero saudí. Por ello se pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que intervenga.
La muerte del periodista "constituye un crimen en el que otros Estados pueden aplicar la jurisdicción internacional, por lo que pido a estos que tomen las medidas necesarias", afirma el documento, que la próxima semana será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos.
Callamard pide a la comunidad internacional que aumente las sanciones contra el príncipe saudí y sus propiedades. El periodista "fue víctima de una ejecución deliberada y premeditada por la que Arabia Saudí es responsable bajo las leyes internacionales en materia de derechos humanos", concluye el informe de Callamard, elaborado tras seis meses de investigaciones. Khashoggi, columnista del diario "The Washington Post" abiertamente crítico con la monarquía de su país, fue presuntamente asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, adonde se había dirigido para tramitar su matrimonio, un suceso que generó una amplia condena en la comunidad internacional.
Callamard, cuyo viaje a Turquía para estudiar las circunstancias del crimen se produjo a principios de este año, determinó que en el caso hubo al menos seis violaciones de la ley internacional, entre ellas detención arbitraria, uso extraterritorial de la fuerza, tortura y desaparición forzada.
A estas violaciones se añadieron otras cuatro cuando las autoridades saudíes asumieron la investigación de los hechos, por la falta de transparencia, la falta de cooperación internacional en un delito transfronterizo o la ausencia de garantías de juicio justo.
El informe también critica la respuesta internacional al crimen, que considera "poco efectiva", y señala que sanciones como las impuestas por EE UU contra 17 altos cargos saudíes (entre los que no está Bin Salman) son "insuficientes" y deben ser incrementadas. "Se trata de un crimen de Estado, y esas sanciones particulares contra individuos son una cortina de humo", se afirma en el informe.
