Estados Unidos y la Unión Europea, por distintas vías pero con el mismo ánimo de ejercer presión, lanzaron ayer una ofensiva diplomática contra las elecciones constituyentes venezolanas de este domingo, mientras la oposición intentaba paralizar el país en la primera de dos jornadas de huelga general para forzar a Nicolás Maduro a dar marcha atrás.
Hasta trece países de la OEA reclamaron al presidente venezolano que desconvoque la Constituyente, que, según el Gobierno de Donald Trump, de seguir adelante, puede marcar el "fin de la democracia en Venezuela".
"Vemos la fecha del 30 de julio como una línea crítica que, si se cruza, podría suponer el fin de la democracia en Venezuela", dijo a periodistas un alto funcionario del Gobierno norteamericano, que pidió el anonimato. La fuente advirtió que quienes participen en su organización o como candidatos podrían exponerse a sanciones estadounidenses.
Hasta la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, que aglutina a chavistas críticos con Maduro, alertó de la ola de violencia que puede desatarse si la votación se lleva a cabo.
Para presionar a Maduro, Washington impuso ayer sanciones contra 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia. Entre los sancionados están el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el Tesorero de la Nación, Carlos Malpica Flores, entre otros.
Además, el Gobierno estadounidense anunció que los activos congelados al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien impuso sanciones en febrero por sus vínculos con el narcotráfico, son mayores de lo anticipado y se elevan "a cientos de millones de dólares".
Entre tanto, en Bruselas, y sin aprobar las sanciones que propone España, la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, transmitió a Maduro el mensaje de que, "para la sociedad venezolana", la Constituyente "es una medida controvertida, por ello se corre el riesgo de que polarice más al país y aumente el peligro de confrontación".
El Ministerio español de Exteriores convocó al embajador de Venezuela, Mario Isea, para exigirle que el Gobierno chavista ponga fin a la violencia y promueva "un gran acuerdo nacional" con la oposición.
La primera de las dos jornadas de huelga se saldaba anoche, al cierre de esta edición, con un seguimiento desigual; mayoritario, sin embargo, en el este de Caracas, de mayoría opositora. Un hombre murió en una marcha en la ciudad de Mérida (oeste), lo que eleva 101 el número de muertos en las protestas antichavistas que empezaron el 1 de abril.
