El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asumió ayer la cartera de Presidencia en el Gobierno que encabeza Dilma Rousseff, que le sucedió en la Jefatura del Estado en 2011, en medio de un fuerte escándalo político detonado por la divulgación judicial de una conversación entre ambos que hace sospechar que el nombramiento como ministro del expresidente es una estratagema para aforarle e impedir su detención por los graves cargos de corrupción que pesan en su contra.

La toma de posesión de Lula como ministro en el Palacio de Planalto, en Brasilia, fue anulada menos de una hora después de producirse por un juez del Tribunal Federal de la capital, Itagiba Catta Preta Neto, que argumentó que su designación podría entorpecer la investigación judicial que está en marcha. El Estado contraatacó y el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, ministro de Justicia hasta hace dos semanas, garantizó que Lula ostenta la cartera de Presidencia, pero no podrá ejercer las funciones de su cargo hasta que la decisión judicial sea firme. Lula "tiene un impedimento para el ejercicio de su actuación, pero está investido", sentenció Cardozo.

El magistrado Preta Neto argumenta en su auto que "la ostentación y el ejercicio del cargo pueden dar lugar a una intervención indebida y odiosa en la actividad policial, del Ministerio Público y del Poder Judicial". Pero, aunque, como reconoce Cardozo, Lula no pueda ejercer las funciones de ministro de la Presidencia, desde ayer es ya aforado, por lo que las investigaciones del juez federal Sergio Moro relativas a su presunta implicación en la trama corrupta de Petrobras serán, desde ahora, cosa del Supremo. Preta Neto piensa que el aforamiento es "el único motivo" por el que Rousseff ha incluido a su mentor en el Gobierno, y advierte que la Presidenta podría incurrir por ello en un delito de responsabilidad por "atentar contra la Constitución y el libre ejercicio del Poder Judicial".

Mientras Lula tomaba posesión en el palacio presidencial, y miles de brasileños se manifestaban a favor y en contra de su nombramiento, Rousseff aprovechó para lanzar una dura diatriba contra el juez Moro, expresando su "repudio total e integral" a la decisión del magistrado de levantar el secreto de sumario y hacer pública una conversación muy comprometedora para el mentor y su pupila.

Moro explicó que lo había hecho por "interés público" e invocó el escándalo del "caso Watergate". Y las consecuencias no se hicieron esperar: el Partido Republicano anunció que abandona la alianza gobernante y la Cámara baja adelantó que ayer mismo retomaría el trámite para un eventual juicio político a Rousseff por irregularidades contables en los Presupuestos de 2015.

La conversación revela un intento de Rousseff de evitar una hipotética detención del exmandatario mediante la entrega de un "documento" que debería usar "en caso de necesidad". Ese documento, según los investigadores, solo puede ser el certificado que le acredita como ministro y le evitaría ir a prisión.