Las comisiones negociadoras del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y del golpista, Roberto Micheletti, firmaron ayer por la tarde el acuerdo alcanzado de madrugada –con la mediación activa de EE UU– para poner fin a la crisis política que vive desde hace cuatro meses el país.
La crisis estalló a raíz del golpe perpetrado por Micheletti, con el apoyo del Ejército, el Parlamento y el poder judicial, el pasado 29 de junio. Sin embargo, pese a sus amplios respaldos, el presidente golpista, que ordenó la expulsión de Zelaya del país a golpe de pistola, no fue reconocido por la comunidad internacional, que instó a las partes a encontrar una solución negociada y sometió a sanciones al nuevo régimen.
El secretario de Estado adjunto de EE UU para el Hemisferio Occidental, Tommas Shannon, aseguró que el acuerdo prepara el camino para unas elecciones legítimas.
El entendimiento, que contempla la formación, la próxima semana, de un Gobierno de reconciliación nacional que conduzca al país hasta los comicios del 29 de noviembre, no resuelve el punto más conflictivo, la restitución de Zelaya en la presidencia, que finalmente será decidida por el Congreso, tras haber escuchado el dictamen de la Corte Suprema. No hay fecha estipulada para que los legisladores tomen esa decisión.
El acuerdo, que fue saludado por EE UU, la UE y la ONU, prevé la formación de una comisión de verificación, conformada por dos representantes de la OEA, organismo encargado de coordinar la comisión, y por un delegado de cada una de las dos partes en conflicto.
Inmediatamente después de la suscripción del acuerdo, las dos comisiones negociadoras se dirigieron al Congreso para que éste empezase los trámites necesarios para la eventual restitución de Zelaya. Hasta que esta se produzca, el presidente depuesto seguirá en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, en la que está asilado desde el pasado septiembre tras haber peregrinado por varios países y haber intentado varias veces el regreso a Honduras.
Levantamiento de sanciones
Respecto a un eventual levantamiento de las sanciones impuestas a Honduras por la OEA, su secretario de Asuntos Políticos, Víctor Rico, resaltó que ese punto "no puede estar contemplado en un acuerdo, porque es una determinación que tiene que tomar la Asamblea General" de la organización.
