La información está contenida en el informe del Comité de Servicios Armados del Senado y en el que se revelan nuevos detalles sobre el proceso que llevó a la autorización de métodos coercitivos en interrogatorios a supuestos miembros de Al Qaeda.

El informe, que tiene 263 páginas y fue publicado el miércoles, ha desatado una fuerte polémica en EEUU a medida que se ha profundizado en su contenido.

Por ejemplo, hasta hoy los medios de comunicación no habían deparado en la implicación de Rice en el tema.

Sin embargo, CNN destaca hoy que el 17 de julio de 2002, Condoleezza Rice, como Consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que la CIA podría proceder con "métodos alternativos de interrogatorio", incluyendo la "asfixia simulada", cuando interrogue a personas como el líder de Al Qaeda Abu Zubaydah.

Las mismas técnicas también fueron utilizadas en los interrogatorios de Abd Al Rahim alNashiri, el primer acusado en Estados Unidos por el atentado al buque USS Cole en Yemen, donde murieron 17 marineros estadounidenses.

En el documento del Congreso indica además que el abuso de detenidos bajo custodia estadounidense "no puede ser atribuido a acciones de unas pocas manzanas podridas a iniciativa propia".

El hecho es, señala el Congreso, "que altos cargos del Gobierno de EEUU solicitaron información sobre cómo usar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de legalidad y autorizaron su aplicación a detenidos".

El documento recuerda que el 7 de febrero de 2002, el entonces presidente George W. Bush firmó un memorando anulando el Artículo 3 de la Convención de Ginebra, que se refiere al tratamiento de prisioneros de guerra, para detenidos de Al Qaeda y los talibanes.

El Gobierno calificó a estos detenidos como "combatientes enemigos" e indicó que no les correspondían las protecciones de la Convención de Ginebra, dado que no eran miembros de organizaciones militares formales.

Entre los responsables del Gobierno Bush que cita el informe como personas al tanto de lo que ocurría están, además de Rice, el ex-vicepresidente Richard Cheney.

El presidente, Barack Obama, ha sugerido que quiere cerrar este capítulo, ha dejado claro que no se enjuiciará a los que llevaron a cabo las torturas, pero no ha descartado la posibilidad de que se tomen medidas contra aquellos que las legitimaron.

El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, reiteró el miércoles que Obama considera que el contenido de los memorando legales desclasificados el pasado jueves "debe ser un momento para que reflexionemos y no un momento para castigos".