Hace nueve años, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, implantó una drástica reforma agraria por la que todas las tierras propiedad de blancos, que se asentaron en el país tras su colonización a finales del siglo XIX, debían ser entregadas al Gobierno, que las repartiría entre la población nativa.

Más de 4.000 granjeros blancos se vieron afectados por la reforma agraria del 2000, y 13 de ellos fueron asesinados cuando los veteranos de la guerra de independencia de Zimbabue invadieron varias explotaciones agropecuarias.

Unas 500 granjas siguen sin estar en manos de los indígenas, aunque se desconoce cuáles de ellas son las afectadas por esta nueva decisión del Gobierno.

Según Mugabe, la reforma agraria pretende corregir los desequilibrios sociales y económicos que causó la era colonial, en la que el 70 por ciento de las tierras estaban en mano de ganaderos y agricultores blancos.

Sin embargo, los críticos apuntan que la medida fue implantada por Mugabe poco antes de que se celebraran unas elecciones parlamentarias y poco después de sufrir una humillante derrota en un referéndum constitucional.

Por otra parte, el Gobierno ha anunciado que otros 341 granjeros recibirían permisos oficiales que les permitirán arrendar las tierras y explotarlas.

"Necesitamos acabar con el asunto de los granjeros blancos para continuar con las actividades de explotación y darles la seguridad de que poseen las tierras a través de contratos de arrendamiento", declaró el partido gubernamental tras la reciente celebración de su conferencia anual.

El grupo de presión Justicia para la Agricultura, formado por granjeros blancos, mantiene que los contratos de arrendamiento no son seguros, "puesto que el Gobierno se reserva el derecho a rescindirlos en un plazo de 90 días".

El portavoz de la agrupación, John Worsley-Worswick, dijo hoy a Efe en conversación telefónica que la reforma agraria es ilegal y que no han recibido ningún tipo de compensación por sus granjas o por su maquinaria.

Según los expertos, el plan de reforma agraria del Gobierno de Zimbabue es uno de los culpables de la actual crisis del país, puesto que las granjas fueron entregadas a nativos inexpertos y con poca ayuda del Estado, lo que llevó a una reducción drástica en la producción de alimentos.

En la actualidad, unas 1.200 personas han muerto a causa de un brote de cólera, y la escasez de alimentos y mercancías esenciales ha llevado a que su población tenga que soportar la mayor inflación del mundo que, según los últimos datos que publicó el Gobierno, alcanza el 241 millones por ciento.