20 de junio de 2008
20.06.2008

Solana afirma que la amenaza de Chávez  "es desproporcionada"

Chávez anunció que revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva para la expulsión de los indocumentados

20.06.2008 | 11:41

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Javier Solana, ha calificado hoy de "totalmente desproporcionada" la advertencia del presidente venezolano, Hugo Chávez, de que revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva de retorno de inmigrantes indocumentados.

"Yo respeto lo que pueda decir el presidente Chávez, pero me parece que es una declaración, a mi juicio, totalmente desproporcionada", ha declarado Solana a Efe.

Chávez anunció ayer que el Gobierno venezolano revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva (ley europea) para la expulsión de los indocumentados, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo y respaldada unánimemente por los veintisiete gobiernos de la Unión Europea (UE).

El dirigente venezolano calificó de "indignante" la iniciativa que llamó "directiva del bochorno" y advirtió de que el petróleo venezolano "no irá" a los países que adopten la medida.

La amenaza de Chávez se produjo mientras celebran en Bruselas su cumbre semestral los dirigentes de la Unión Europea.

La reacción de Solana, Alto Representante y secretario general del Consejo de la UE, es la primera de un responsable comunitario.

La directiva de retorno pretende armonizar dentro de la Unión Europea las condiciones de retención y expulsión de los inmigrantes "sin papeles".

El Parlamento Europeo se pronunció el miércoles pasado a favor de esta legislación, sin introducir ningún cambio en el texto que había sido acordado por el Consejo de ministros de la UE.

La directiva, a la cual deberán adaptarse los ordenamientos nacionales una vez entre en vigor, establece un período de siete a treinta días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria.

Además, fija el periodo máximo de retención en 6 meses, que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.

Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración antes de que puedan entrar legalmente en territorio comunitario.

En los últimos días, la inmensa mayoría de los gobiernos latinoamericanos se ha pronunciado en contra de esta ley.

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