La flota en Argentina teme ya por cuotas y aranceles: “Esto llega en el peor momento”

Los permisos para la merluza expiran en diciembre y aspira a arrancar de Milei una rebaja fiscal a exportaciones: “El ruido es preocupante”

Pide diálogo a Madrid y Buenos Aires

Flota pesquera de altura en el puerto de Mar del Plata.

Flota pesquera de altura en el puerto de Mar del Plata. / CEDIDA

Lara Graña

Lara Graña

El caos diplomático entre Madrid y Buenos Aires se limita, por el momento, a una “cuestión personal” entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Lo defienden, desde Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) y Puerto Madryn (Chubut), tres de las principales armadoras que operan en Argentina, con buques tangoneros (fresqueros y congeladores para langostino) y grandes arrastreros. Eso sí, hay un “pero” considerable: la “impulsividad” del mandatario ultraliberal puede inflamar todavía más este conflicto y en cualquier momento; justo, además, cuando la flota enfrenta no solo la caducidad de las cuotas de merluza (31 de diciembre), sino que aspira a arrancar a Milei una rebaja en las tasas de exportación. ¿Y quién es el principal destino del pescado argentino? España. “Si este fuese un año como otros anteriores no tendría por qué tener ningún tipo de repercusión, pero ahora mismo la preocupación está latente”, describe uno de los empresarios consultados. Argentina representa un volumen de facturación superior a los 400 millones de euros para las compañías de capital gallego y es, con Namibia y Malvinas, su gran caladero en origen.

Por lo pronto, el huésped de la Casa Rosada no está en disposición de recular en la escalada de sus ataques verbales hacia Sánchez. “Es un incompetente y cobarde [...] Me mandó agredir por sus ministros, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo [...] Utilizó el aparato del Estado para contestar, en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Hoy es el hazmerreír de Europa en materia diplomática”, declaró Milei este jueves en una entrevista con La Nación+. El temor del sector emana de la “imprevisibilidad” que caracteriza a ambos actores, especialmente en un contexto electoral. “Si fueran dos gobiernos normales... pero no es el caso. Al menos acá es muy impulsivo, así que nadie puede decir con certeza qué pueda pasar”, ilustra otro de los directivos, CEO de una pesquera de primer nivel, a FARO. “Esta pelea es una daga en el corazón, no es de agrado y menos en este momento: el peor. Cualquier ruido es preocupante”, comparte el tercero.

La merluza

Como analizó este periódico, el régimen actual de cuotas caduca el 31 de diciembre y nadie conoce con qué criterios trabajará el Ejecutivo de Milei para fijar el nuevo sistema de asignación. Tras meses sin actividad –desde la toma de posesión del sucesor de Alberto Fernández–, el Consejo Federal Pesquero se reunió por primera vez el 9 de mayo, con una abultada carpeta de tareas pendientes pero sin pistas acerca de futuros reglamentos de este calado. El temor, como explicó a FARO el armador Tony Solimeno (Solimeno e Hijos), es que se apueste por algún tipo de subasta interna, dando entrada a actores extranjeros y sin tener en cuenta las inversiones realizadas o el empleo generado.

Subasta

Esto supondría una reforma encubierta en la actual Ley Federal de Pesca (Nº 24.922, de 1997), como se aprecia claramente en su lectura. Su artículo 27 expone que, “para establecer la asignación de las cuotas de captura, el Consejo Federal Pesquero deberá priorizar los ítems siguientes”, entre los que figuran la “cantidad de mano de obra nacional ocupada”, “inversiones efectivamente realizadas en el país”, o “el promedio de toneladas de productos pesqueros elaborados, a bordo o en tierra, de cada especie en los últimos ocho años”. En definitiva, tiene en consideración el historial de producción, inversión y generación de valor de las empresas. Por contra, el equipo de Milei es favorable a ese proceso de licitación, asignando los permisos de capturas al mejor postor. Empresas de reciente creación y sin cuotas podrían entrar en la terna, en contra, en este caso, del artículo 27 bis de la misma ley. Dice así: “No son armadores ni propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la presente”. Grupo Iberconsa, Nueva Pescanova, Profand o Conarpesa (Wofco) son actores de máxima relevancia en esta pesquería. Langostino o pota no están, de momento, sujetos a cuotificación (pesca universal).

Aranceles

Dentro del conocido como decretazo Ómnibus –en rigor, Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de bases para la reconstrucción de la economía argentina–, el mismo que pretendía una subasta internacional de las cuotas, se fijaba una tasa lineal de derechos de exportación del 15% para los productos de la pesca. Aquella normativa pasó a mejor vida antes de aprobarse y habría supuesto, solo con este impuesto, un mordisco de unos 50 millones de euros a las compañías de capital gallego. A día de hoy, las exportaciones pagan retenciones del 6% para el langostino entero en cajas de dos kilos; 5% en las colas en envases de 2 kilos y 9% los bloques mayores de 2 kilos. Productos con mayor elaboración, pelados y desvenados pagan entre el 1% y 3%, dependiendo de si los envases son o no mayores a un kilo. Esto es, una tasa progresiva: a mayor empleo y valor añadido generado en tierra la retención es inferior, precisamente para impulsar que las empresas realicen más trabajos de elaboración y no congelar todo a bordo.

Esta misma semana dos de las principales cámaras empresariales pesqueras han solicitado una suspensión de esos derechos a la exportación para intentar revitalizar el sector, penalizado por la elevadísima inflación –marcó el 289% interanual en abril– y una demanda aún limitada. “Para mejorar el nivel de ingresos de los productores y de la industria, promover el desarrollo e incentivo de la producción y el agregado de valor nacional, impulsar las ventas a mercados externos, mejorar la competitividad de la cadena, deviene necesario suspender temporalmente hasta el 31 de octubre del corriente año, los Derechos de Exportación”, dice la petición, firmada por la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA). Greciamar (Videmar), Iberconsa, Argenova (Pescanova), Vieirasa, Pesquera Deseado (Profand) o Arbumasa son asociadas de estas dos entidades. “Necesitamos mucho del mundo, esa es nuestra preocupación”, remata otro de los empresarios consultados, en relación al conflicto diplomático. Que España sea principal mercado de destino y que las espadas entre Milei y Sánchez sigan en alto no ayudará, creen estas empresas, a conseguir el objetivo de aranceles cero.

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