Anfaco pide subir en 55.000 toneladas los contingentes arancelarios del atún

Anfaco-Cecopesta insiste en la necesidad de que se garantice el abastecimiento de materia prima en condiciones competitivas. Los llamados contingentes arancelarios autónomos (los ATQ, por sus siglas en inglés) permiten la exención total o parcial del pago de los derechos arancelarios para una cantidad determinada de mercancías en las importaciones y su reglamento está encima de la mesa de la Comisión Europea ante una posible revisión que suscita la preocupación de todas las actividades vinculadas a la industria del mar, aunque por razones diferentes.

Aprovechando la visita ayer a sus instalaciones, representantes de la patronal conservera con su presidente, Iván Alonso, y el secretario general, Roberto Alonso, a la cabeza, trasladaron al nuevo conselleiro do Mar, Alfonso Villares, “la efectividad de los contingentes arancelarios autónomos, especialmente en los lomos de atún, que, a juicio de Alonso, deben incrementarse a 55.000 toneladas.

Ante los posibles cambios en los ATQ, la patronal europea del sector pesquero, Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), solicita a las autoridades comunitarias que solo conceda exenciones de derechos arancelarios a productos pesqueros importados “que cumplan los mismos criterios de sostenibilidad exigidos a los capturados por la flota comunitaria, según informa en un comunicado”.

La flota europea alerta de la “incoherencia política”, contraria a los intereses de la flota comunitaria, que supondría que Bruselas ignorase el principio de sostenibilidad en su próxima propuesta de Reglamento para establecer contingentes arancelarios autónomos para determinados productos pesqueros para los años 2024 y 2025. Europêche recuerda que no se opone a una exención arancelaria racional para determinados productos pesqueros que no se producen en cantidad suficiente en la Unión Europea, pero denuncia que la única motivación que subyace, en muchos casos, al uso del sistema ATQ es bajar los precios, recompensando prácticas insostenibles y dando lugar a una competencia desleal, al no tener en cuenta el origen de estos productos, su método de producción, la sostenibilidad de las poblaciones o el cumplimiento de las normas laborales.