Transportes remite a la Audiencia Nacional “toda la información” sobre la misión para el “Pitanxo”

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha remitido a la Audiencia Nacional “toda la información” que solicitaba en cuanto a la misión emprendida por el buque Ártabro para inspeccionar el pecio del Villa de Pitanxo, naufragado a 450 kilómetros de Terranova (Canadá) en febrero de 2022. Tras los duros reproches del magistrado del juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en su providencia del pasado lunes por la supuesta falta de datos y comunicaciones por parte del ministerio y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), desde el Gobierno central insisten: “no le corresponde” al Mitma ni “la ejecución del contrato” ni “la coordinación” con el juzgado. Son funciones de la CIAIM, un órgano que goza de “independencia”.

El Ártabro partió el pasado 17 de mayo del puerto de Vigo pese a no contar con el permiso del juez Moreno, que investiga este naufragio en el que fallecieron 21 de los 24 marineros que iban a bordo. En la providencia el magistrado pidió explicaciones al Gobierno central sobre por qué zarpó el barco sin “expresa autorización”.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron ayer que, además de trasladar a la CIAIM los requerimientos del juez, ya se remitió “toda la información solicitada” porque, “como no podía ser de otra forma”, el Ministerio de Transportes tiene “total disposición a la colaboración máxima con la justicia”. El Gobierno recuerda que sí corresponde al Mitma “poner los medios, económicos y materiales, y realizar la tramitación administrativa” para contratar el operativo, cuestiones que fueron remitidas al juzgado correspondiente de la Audiencia Nacional; pero advierte que “tanto la elaboración de los pliegos como la gestión de la ejecución del contrato y la coordinación” con el juzgado “no le corresponde” al Ministerio, que “debe mantenerse al margen por la propia independencia” que tiene la CIAIM en sus actuaciones. Además, insisten en que esta Comisión, aunque está adscrita orgánicamente al Mitma por “carecer de personalidad jurídica propia”, tiene “plena autonomía funcional” en su investigación. De hecho, Transportes ha trasladado al juez que “está prohibido legalmente”, de acuerdo con el Derecho comunitario y los tratados internacionales, que las autoridades administrativas puedan darle “cualquier instrucción” a la CIAIM.

A raíz de la polémica, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas de urgencia en relación con la expedición para la bajada al pecio y por el “incumplimiento” del Ministerio de Transporte respecto de las providenciales judiciales emitidas por la Audiencia Nacional. Urge al Estado a “rectificar su postura opaca en todo el procedimiento” y a contribuir en la investigación judicial abierta que permita esclarecer las causas del hundimiento, “así como a trasladar a las familias información sobre la operación de bajada y las decisiones adoptadas al respecto”.

La pasada semana, el Bloque exigía al Gobierno central trasladar toda la documentación sobre la salida del buque Ártabro, encargado del operativo. “Sorprendentemente, el Ministerio de Transportes, a pesar de las reiteradas advertencias por parte del órgano judicial instructor, la salida del buque se produjo sin cumplir con las instrucciones judiciales”, lamenta.