Quintana tacha de “ilógico” que los Estados tengan que dar ayudas a un veto que promueve Bruselas
Madrid analiza los daños al sector para dar forma al recurso
REDACCIÓN
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ve “un poco ilógico” que la Comisión Europea diga ahora que los estados deben habilitar ayudas al sector pesquero ante las pérdidas por el veto a la pesca de fondo en 87 caladeros del Atlántico, toda vez que es una medida aprobada en Bruselas y contra la que el Gobierno central ya anunció un recurso ante la justicia comunitaria.
Además, ha advertido que “no se trata tanto” de aportar subvenciones, sino que lo que quiere el sector es “pescar”. “Sobre todo, cuando se puede acreditar con datos científicos que el estado de los recursos donde están trabajando los diferentes buques de se encuentran en una buena situación biológica”.
En declaraciones a los medios, la conselleira do Mar ha vuelto a cargar contra el comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, por ser “incapaz de reconocer” que se equivocaron en esta restricción a las artes de fondo. En este sentido, Rosa Quintana ha esgrimido que tampoco “tiene ningún sentido” ejecutar este reglamento –que entró en vigor el pasado día 9 de octubre– a dos meses vista de que se publique un nuevo informe científico del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés). “Bien podía haber esperado”.
A este respecto, el Gobierno español está cuantificando los daños de la veda impuesta para sumarlo a la argumentación del recurso judicial que presentará contra dicha decisión. Lo avanzó este viernes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que resaltó la dificultad de calcular el alcance de la prohibición de pescar en esas zonas y ha señalado que están realizando una secuencia de la actividad de los días que lleva en vigor el reglamento comunitario, motivo de preocupación para el sector por las menores capturas que puede suponer.
“Este también es un argumento para identificar el daño y es suficiente para justificar el recurso” que España presentará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en el plazo legal.
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