La Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, aprobada el pasado mayo por el consejo de ministros, pasará examen en el Congreso. Una treintena de representantes del sector, incluidas los de las administraciones de las comunidades autónomas, participarán en las comparecencias que tendrán lugar entre el 6 y el 8 de septiembre.
El encuentro servirá para poner negro sobre blanco en algunos puntos claves de su articulado y que ya fueron identificados por el sector pesquero, tanto por parte de la patronal Cepesca (Confederación Española de Pesca) como de la FNCP (Federación Nacional de Cofradías de Pescadores), cuyos representantes está previsto que acudan al Congreso, al igual que el director xeral de Pesca de la Consellería do Mar, Antonio Basanta.
Todos darán su opinión sobre el texto y plantearán sus preguntas antes del empuje definitivo de cara a su entrada en vigor.
Desde un primer momento, los responsables de las asociaciones y organizaciones pesqueras reclamaron un “trabajo de consenso entre el sector y las administraciones” para llevar a buen puerto la ley y, como apuntaba entonces el gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, es necesario “garantizar jurídicamente las inversiones de la flota”.
Esa inseguridad jurídica es precisamente lo que más critican desde Cepesca, que considera que la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, tal y como fue aprobada por el consejo de ministros, no lo garantiza para las empresas pesqueras de España. A juicio de la patronal, el texto no explicita que los posibles nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca no afectarán a los ya realizados conforme a la ley vigente, además de que entienden que la reserva del 10% de todas las cuotas que establece el nuevo texto normativo es “excesiva”.
